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Por Agroempresario.com
En medio de la polémica generada por la reglamentación de la ley 3288 de gestión integral de plaguicidas, sancionada en 2020, el gobierno de Sergio Ziliotto introdujo modificaciones al texto original para atender los reclamos de los productores. Sin embargo, estos consideran que los cambios son insuficientes y más bien "cosméticos", lo que podría llevarlos a rechazar su implementación.
La ley, según los productores, impone condiciones que amenazan con dejar fuera de producción unas 200.000 hectáreas debido a las restricciones para la aplicación de agroquímicos. Esto incluye amplias distancias mínimas y requisitos que abarcan desde la trazabilidad de los productos hasta las responsabilidades legales de los usuarios, aplicadores y asesores técnicos.
En un borrador preliminar, los productores recibieron propuestas que incluían la creación de una plataforma digital para un sistema único de trazabilidad y modificaciones en las tasas de inscripción. Sin embargo, consideran que estas medidas no resuelven los problemas de fondo. “Es peor que el borrador original”, expresó una fuente cercana al sector.
Por otro lado, destacan que el gobierno provincial dejó abierta la posibilidad de rever aspectos de la reglamentación, aunque descartó modificar la ley en sí misma. Este paso se logró tras reuniones con la Mesa de Enlace local y el Consejo Consultor, que venían buscando desde antes de 2020 una actualización alineada con las Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs).
Los productores critican que las regulaciones actuales ignoran los avances tecnológicos disponibles y generan un impacto desproporcionado en pequeños y medianos productores. Además, advierten que estas medidas podrían "criminalizar la actividad agropecuaria", afectando tanto la productividad como el derecho a la propiedad privada.
En el nuevo borrador se introdujeron algunas modificaciones específicas, como la eliminación de plazos de notificación para aplicaciones declaradas de interés epidemiológico o productivo, y el cambio de ciertos requisitos relacionados con la documentación y responsabilidades de los actores involucrados. Sin embargo, los productores consideran que estas medidas no representan un avance significativo.
Con el plazo para responder a las modificaciones venciendo el 11 de este mes, el futuro de la ley 3288 sigue siendo incierto, mientras el sector agropecuario de La Pampa busca un equilibrio entre la protección ambiental y la viabilidad productiva.
