Desarrollo Económico & Social / Políticas Públicas

Milei elimina la emergencia de tierras indígenas y garantiza al campo que se respetará la propiedad privada

El Ejecutivo publicó la derogación del decreto que se implementó en 2021

Milei elimina la emergencia de tierras indígenas y garantiza al campo que se respetará la propiedad privada
martes 10 de diciembre de 2024

El Gobierno derogó el decreto que establecía la emergencia de tierras indígenas desde el año 2021. El presidente Javier Milei firmó la medida que -argumentó el Ejecutivo- garantizará al campo y el resto de la sociedad que se respetará la propiedad privada.

“Declárase finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”, señaló el decreto que se publicó este martes.

Fin a la emergencia de tierras de indígenas

El Gobierno argumentó que el país necesita el fortalecimiento de la confianza de los ciudadanos en que su propiedad será respetada. Además, señaló que con esta garantía se promueve el rápido ingreso de “inversiones genuinas” para que se ponga en marcha la producción.

El Ejecutivo envió una señal al campo en una materia que suele ser un reclamo recurrente: la propiedad privada. El sector denunció en el último tiempo diferentes intentos de usurpación de tierras.

Con esta medida, el Gobierno aseguró que se finalizó un estado de anormalidad y que contribuirá a la pacificación de los conflictos latentes o activos que todavía puedan subsistir.

“La urgencia en el dictado del presente se justifica en la insostenibilidad de una situación que continúa cercenando los derechos de los habitantes o de las personas jurídicas que posean títulos legítimos sobre los inmuebles afectados”, sostuvo el decreto.

En este sentido, el texto señaló que se pretende dar satisfacción inmediata y efectiva a la vulneración de derechos constitucionales tomando una medida destinada a terminar con los señalados conflictos existentes en torno a la delimitación y posesión de las tierras de los pueblos originarios. “La situación precaria de los legítimos propietarios o poseedores que en muchos casos han sido desplazados durante 18 años sin derecho a reclamar ante la justicia, así como la seguridad jurídica imprescindible para poner en marcha el desarrollo del país, justifican la inmediatez de los efectos del presente”, concluyó la norma.


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