El Gobierno nacional trabaja en un nuevo paquete de reformas económicas y regulatorias encabezado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger. Según informó La Nación, en una nota del periodista Diego Cabot, las iniciativas incluyen la apertura del cabotaje marítimo, cambios en la Ley de Seguros, modificaciones normativas y nuevas concesiones de rutas, con el objetivo de reducir costos logísticos, fomentar la competencia y retomar la agenda de desregulación impulsada por la administración de Javier Milei.
Uno de los proyectos más relevantes apunta a modificar el régimen del transporte marítimo y fluvial de cabotaje, permitiendo que embarcaciones con bandera extranjera puedan operar entre puertos argentinos. La iniciativa será enviada al Congreso y busca ampliar la competencia en un mercado que hoy se encuentra altamente regulado.
De acuerdo con la información publicada por La Nación, el Gobierno sostiene que la medida permitirá reducir los costos logísticos y promover un mayor uso del transporte por agua para cargas a granel, especialmente en corredores estratégicos como la Hidrovía Paraná-Paraguay.
La propuesta también contempla cambios en el régimen de los prácticos, los especialistas que asesoran a los capitanes durante las maniobras de ingreso y salida de los puertos argentinos, una actividad actualmente regulada por la Prefectura Naval Argentina.
El proyecto genera resistencia entre empresas navieras, sindicatos marítimos y el sector del transporte de cargas por carretera. La apertura del cabotaje podría modificar la distribución de cargas que hoy se trasladan mayoritariamente en camión.
Uno de los casos mencionados es el transporte de arena destinada al desarrollo de Vaca Muerta, que actualmente se realiza por rutas desde Entre Ríos hacia Neuquén. La propuesta oficial busca que parte de ese recorrido pueda efectuarse por vía fluvial y marítima, dejando el tramo terrestre únicamente para la distribución final.
Otro de los ejes del paquete es una profunda reforma del sistema de seguros. Según informó La Nación, el objetivo consiste en redefinir el rol de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), orientando su tarea principalmente al control de la solvencia financiera de las compañías y reduciendo la intervención sobre la aprobación de nuevos productos.
Con ese cambio, el Ejecutivo pretende otorgar mayor flexibilidad al mercado asegurador y facilitar la innovación comercial, manteniendo el foco en la protección de los asegurados mediante un control más eficiente sobre la capacidad económica de las empresas.
El Gobierno también trabaja en modificaciones vinculadas al mercado de capitales y en reformas puntuales del Código Civil y Comercial, que podrían complementarse con futuros proyectos legislativos relacionados con el régimen de propiedad privada.
En paralelo, avanza el proceso de nuevas licitaciones de rutas nacionales. En una primera etapa se prioriza el mantenimiento mediante concesiones con peajes, mientras que posteriormente se prevé licitar alrededor de 6.000 kilómetros de corredores que incluirán obras de ampliación y mejoras de infraestructura.
Según informó La Nación, el oficialismo busca recuperar la iniciativa legislativa luego de varios meses de dificultades para avanzar con proyectos en el Congreso. La intención es volver a instalar una agenda propia con reformas estructurales orientadas a la desregulación económica, la reducción de costos y la modernización de distintos sectores productivos.
