Por Agroempresario.com
En La Pampa, los productores agropecuarios manifiestan su rechazo al borrador presentado por el gobierno provincial para reglamentar la Ley de Gestión Integral de Plaguicidas 3288, sancionada en 2020 pero aún pendiente de implementación. Según las entidades del sector, las modificaciones propuestas no incorporan los aportes realizados durante las reuniones previas con el gobernador Sergio Ziliotto y su gabinete, lo que podría generar serios perjuicios a la producción.
Entre las principales objeciones al documento se destacan las excesivas distancias de exclusión para la aplicación de fitosanitarios en zonas urbanas y cercanas a cuerpos de agua, la alta carga burocrática en la gestión de permisos y autorizaciones, y la implementación de una receta única de compra que , según los productores, limita el libre comercio.
Semanas atrás, representantes de la Mesa de Enlace local se reunieron con Ziliotto y otros funcionarios clave para participar en la elaboración del decreto reglamentario. Sin embargo, tras recibir el borrador de la Dirección de Agricultura, las entidades enviaron una carta firmada por diversas organizaciones, incluyendo Carbap, CREA, Cepia, FAA, Aapresid y la Sociedad Rural Argentina, expresando su disconformidad y reiterando su disposición al diálogo.
“La predisposición al diálogo ha sido constante, pero el borrador no refleja los puntos discutidos con el gobernador y sus ministros. Algunos de los cambios propuestos incluso parecen ir en sentido contrario a lo conversado”, señaló en la misiva.
Entre los temas que generaron mayor rechazo se encuentran:
Distancias de exclusión: Las amplias áreas de exclusión y amortiguamiento propuestas podrían dejar fuera de producción grandes extensiones del territorio pampeano.
Burocracia excesiva: La complejidad en la tramitación de permisos y autorizaciones dificulta las operaciones.
Sistema de trazabilidad provincial: Consideran innecesario este requisito, dado que ya existe una normativa nacional a la que La Pampa podría adherir.
Receta única de compra: Este punto es visto como un obstáculo para el comercio y la adquisición de insumos.
Las entidades también lamentaron no haber sido convocadas a participar en esta etapa final del proceso reglamentario y calificaron de “improcedente” el documento modificado, ya que no abordan las objeciones centrales planteadas durante los encuentros con las autoridades.
Finalmente, los productores insistieron en la necesidad de construir una normativa que equilibre la protección del medio ambiente y la salud pública con la sostenibilidad de la producción agropecuaria, e instaron al gobierno provincial a reanudar el diálogo para lograr un consenso real.
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