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Por Agroempresario.com
El gobierno argentino ha dado un paso hacia la transparencia fiscal con la implementación de un nuevo régimen que obliga a las grandes empresas a detallar el IVA y otros impuestos nacionales indirectos en las facturas que reciben los consumidores finales. La medida, reglamentada a través de la Resolución 5614/24, fue celebrada por el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, como un avance clave en el control del gasto público.
“La mayor transparencia fiscal nos hará más exigentes con el gasto público”, señaló Sturzenegger en su cuenta de X, destacando que esta medida permitirá a los ciudadanos comprender cómo los impuestos afectan directamente el costo de los productos y servicios.
La Agencia de Control y Recaudación Aduanera (ARCA), encargada de implementar la normativa, estableció que el régimen comenzará a regir el 1° de enero de 2025 para grandes empresas, mientras que los contribuyentes más pequeños podrán adherirse de forma opcional hasta el 31 de marzo de 2025 y deberán cumplir obligatoriamente a partir del 1° de abril.
Según la reglamentación, los comprobantes deberán incluir una línea específica donde se detalle el monto correspondiente al IVA. En el caso de las grandes empresas, también deberán reflejar los impuestos internos que inciden en el precio final.
Sturzenegger utilizó ejemplos históricos y culturales para subrayar la relevancia de esta reforma. Mencionó que “la guerra de independencia norteamericana comenzó en protesta por mayores impuestos a la comercialización del té” y agregó que “en Star Wars, la resistencia de Naboo a los impuestos de la Federación de Comercio desata el conflicto inicial”.
Además, criticó la falta de transparencia en la carga tributaria previa, recordando que en 1997 una normativa prohibía identificar los impuestos en los comprobantes. “El Estado tiene terror de que te enteres de cómo te esquilma”, expresó el funcionario en relación a la opacidad de las administraciones pasadas.
El ministro destacó que este régimen es solo un primer paso y subrayó la necesidad de avanzar en la visibilización de impuestos provinciales como ingresos brutos y tasas municipales, que suelen pasar desapercibidos en las facturas.
La resolución, firmada por el director de ARCA, Juan Pazo, destaca la importancia del derecho de los consumidores a recibir una “información adecuada y veraz”. Este enfoque apunta a garantizar mayor educación para que los ciudadanos comprendan los componentes que afectan los precios finales y promuevan un debate más informado sobre el gasto público.
