En 2019, cuando finalizaba el gobierno del presidente Macri se concluyeron las negociaciones del acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE), pero durante el proceso de revisión legal, la UE anticipó la necesidad de presentar una nota explicativa del capítulo de sostenibilidad dado que en ese mismo momento se estaba negociando internamente el llamado Pacto Verde. Durante el gobierno de Alberto Fernández, la UE presentó la nota de sostenibilidad y el Mercosur solicitó la reapertura de una cantidad de temas: compras públicas, sociedades del estado, derechos de exportación, cooperación, autos, y otros elementos esenciales del acuerdo.
Con la presidencia de Javier Milei, la Cancillería inició un proceso de fuerte de negociación para cerrar los temas abiertos tanto por la UE como por el Mercosur que concluyeron en la reunión de presidentes del Mercosur en Montevideo, realizada hace unas semanas. Desde la Argentina hubo un fuerte compromiso en avanzar rápidamente de parte de la excanciller Diana Mondino y del exsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Marcelo Cima, ambos claves en este logro.
El acuerdo está hoy en proceso de revisión legal y de traducción, lo que llevará unos tres meses, y se prevén otros tres meses para la aprobación por el Consejo y el Parlamento Europeo, previo a la firma.
Debemos destacar que nuestra región es la más aislada del planeta. Entre 2008 y 2024, según la Organización Mundial de Comercio (OMC) se firmaron 465 acuerdos comerciales, pero el Mercosur no firmó ninguno, si bien negoció algunos menores. Dos tercios de nuestras exportaciones son producto de nuestra Vaca Viva, la bioeconomía en sentido amplio, y cuando observamos que a nivel global el 90 % del comercio de alimentos es intra-acuerdos estamos en inferioridad de condiciones al tener que afrontar aranceles que nos sacan de competencia en muchos mercados.
Este acuerdo es relevante porque activa algo dormido y necesario, pero también porque es una muy fuerte señal de seriedad de nuestros países frente a otros posibles acuerdos.
Pero me gustaría destacar un aspecto relevante que no está apareciendo en la difusión del acuerdo y es su impacto en la eliminación de los impuestos a las exportaciones de base agrobioindustrial y es el compromiso que asume la Argentina de eliminar las mal llamadas retenciones, impuestos a la exportación o derechos de exportación hacia la UE.
Tal como surge en los textos aprobados en 2019 y parcialmente refrendados ahora, hay un compromiso de que en tres años a partir de la entrada en vigor del acuerdo se eliminan todas las retenciones salvo para soja, que tiene un régimen especial.
A partir de la entrada en vigor del acuerdo, las retenciones que hubiere a productos diferentes de la soja tienen tres años para reducirse a cero, avanzando un tercio en cada año transcurrido.
En el caso de la soja al quinto año debe tener un máximo de 18 %, restando un 1% por año hasta llegar a un máximo de 14% al final de ese ciclo de cuatro años.
Esto no fue lo que había negociado el gobierno de Alberto Fernández que había solicitado “full policy space” (total libertad de acción) para establecer las retenciones que quisiera en cualquier circunstancia. No solo en circunstancias de graves desequilibrios o cláusula de salvaguardia.
A comienzos del actual gobierno, frente a las consultas de Mondino y Cima, un grupo de trabajo que armé junto a Pedro Vigneau y Agustin Tejeda solicitó y acordó con ellos volver a la redacción de 2019.
Se mantiene asimismo, la que habilita a que en circunstancias excepcionales que se justifiquen para aliviar desequilibrios fiscales graves o una depreciación brusca y repentina de la moneda local, y que requieran una acción inmediata, un Estado Parte del Mercosur podrá, por un período limitado, introducir nuevos derechos aduaneros, o aumentar el nivel de los existentes, impuestos a la exportación de bienes para los cuales había derechos aduaneros a la exportación vigentes al 31 de diciembre de 2018.
Durante el proceso de negociación, se avanzó incluso más que lo acordado en 2019 en el proceso de desmantelar los derechos de exportación definitivamente de las exportaciones de cualquier producto argentino a la UE, manteniendo el plazo de tres años desde la entrada en vigor para hacerlo y manteniendo asimismo la cláusula de salvaguardia mencionada antes para circunstancias excepcionales. Lamentablemente, las negociaciones de último momento de las nuevas autoridades de la Cancillería retornaron a la propuesta argentina de 2019 que, si bien no es la ideal, muestra al menos un camino claro de reducción.
Estoy seguro que a todas las ventajas que tiene este acuerdo por los motivos señalados, la señal que emite nuestro gobierno de que a lo sumo en 5/6 años se eliminan las retenciones a todos aquellos productos de la bioeconomía que no son la soja, e incluso en este caso, muestra un camino de reducción en un plazo establecido, es una muy buena noticia.
Por Fernando Vilella, ex secretario de Bioeconomía, director de Desarrollo Estratégico y Contenidos de Agroempresario.com