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Por Agroempresario.com
En Argentina, las empresas están sometidas a una presión fiscal que involucra a tres niveles de gobierno: el nacional, el provincial y el municipal. Esta estructura impositiva compleja genera una "factura" de impuestos que afecta de manera significativa a los productores y empresarios, quienes deben navegar entre diversas jurisdicciones fiscales.
El presidente de la Nación, Javier Milei, ha demostrado un compromiso con la reducción del gasto público a nivel nacional, un objetivo clave en su gestión. Sin embargo, un punto clave sigue siendo qué acciones tomarán los gobernadores y los intendentes en sus respectivos territorios. La coordinación intergubernamental se presenta como uno de los principales desafíos para avanzar en una reforma fiscal integral.
Como señala Juan Carlos de Pablo en su artículo: "El presidente de la Nación está claramente comprometido con la reducción del gasto público nacional. Lo mostró en lo que va de su gestión y todo indica que continuará haciéndolo de ahora en más. Pero, ¿qué van a hacer los gobernadores y los intendentes al respecto?".
La falta de consenso y acción conjunta entre los diferentes niveles del Estado pone en riesgo la efectividad de las medidas fiscales y puede continuar obstaculizando el desarrollo económico de las empresas. Mientras que el gobierno nacional puede tomar decisiones en áreas como el gasto público, las políticas fiscales a nivel provincial y municipal siguen siendo un terreno complejo donde las disputas políticas y los intereses locales complican la implementación de reformas.
Además, De Pablo resalta que la distancia entre las decisiones fiscales y sus resultados reales puede ser extensa: "En la economía real, por oposición a la monetaria, cambiaria, financiera, etcétera, la distancia que existe entre el momento en el cual se adoptan las decisiones y aquel en el cual afloran los resultados no se mide en minutos, sino en meses".
Esta disparidad entre la toma de decisiones y sus efectos concretos en el terreno económico resalta la urgencia de una acción inmediata. Los productores y empresarios necesitan medidas que puedan generar resultados tangibles en el corto plazo, para evitar que las empresas cierren y que los trabajadores queden sin empleo debido a decisiones fiscales o judiciales que tardan demasiado en ser implementadas.
El desafío es claro: el gobierno nacional debe encontrar maneras de alinear sus políticas fiscales con las decisiones de los gobiernos provinciales y municipales. En este sentido, la revisión de políticas que favorezcan la importación y la disminución de costos locales se presentan como una medida esencial para asegurar que las disputas entre jurisdicciones no perjudiquen a las empresas y trabajadores.
El camino hacia una reforma fiscal efectiva en Argentina parece largo y complicado, pero la situación actual demanda respuestas rápidas y coordinadas entre todos los niveles del Estado. De lo contrario, el crecimiento económico y la estabilidad de las empresas seguirán siendo metas lejanas en el horizonte.
