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Por Agroempresario.com
El enfrentamiento entre Aerolíneas Argentinas y el municipio santafesino de Reconquista escala en los tribunales. La compañía aérea reclama una deuda de $60 millones por un acuerdo incumplido en 2023, mientras el intendente Amadeo Enrique Vallejos asegura que es la empresa la que tiene pagos pendientes con la municipalidad.
El convenio, firmado durante la gestión del expresidente de Aerolíneas, Pablo Ceriani, establecía dos vuelos semanales entre Buenos Aires, Rosario y Reconquista. El municipio debía garantizar un piso de ocupación del 65%, pero, según la aerolínea, la ocupación real fue de apenas el 45%. Ante la falta de pago, la frecuencia se redujo a un vuelo semanal en enero de 2024 y la operación fue cancelada en abril.
Desde Aerolíneas explicaron que, al iniciar el contrato, “cuando se reclaman los pagos, empiezan los problemas. El municipio se negaba a pagar lo acordado. El vuelo era inviable porque la ocupación promedio rondaba el 45%. Sin el pago del municipio se hizo insostenible”.
La deuda original de $25 millones fue llevada a los tribunales, pero los intereses e inflación elevaron la cifra a $60 millones. El caso, inicialmente presentado en el fuero comercial de Capital Federal, fue derivado al fuero civil y comercial federal, donde se aguarda la resolución del juez.
Por su parte, el intendente Vallejos sostiene que el piso de ocupación se cumplió si se considera la ruta completa (Buenos Aires-Rosario-Reconquista). Además, asegura contar con notas de crédito a su favor, aunque Aerolíneas replicó que dichas notas ya están contempladas en el reclamo judicial.
El conflicto también generó críticas internas en Reconquista. Walter Kreni, concejal de la Unión Cívica Radical, denunció al intendente por firmar el convenio de manera confidencial, sin aprobación del Concejo Municipal, y por incurrir en irregularidades administrativas en plena campaña electoral.
“Aeroparque nunca mencionó el convenio hasta que lo hicimos público. Lo que decimos es que conviene arreglar con la empresa, porque en el futuro esto va a costar cuatro o cinco veces más”, sostuvo Kreni.
El caso pone de manifiesto las tensiones entre los compromisos políticos y las viabilidades económicas, con un desenlace que aún está en manos de la justicia.
