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Por Agroempresario.com
La Comisión Nacional de Valores (CNV) anunció una serie de medidas que endurecen los requisitos para las empresas que busquen reestructurar deudas a través de pagarés bursátiles y cheques de pago diferido. La nueva normativa surge días después de que tres compañías del sector agropecuario declararan su incapacidad para afrontar sus compromisos financieros, lo que generó alarma en el sector.
El organismo regulador del mercado de capitales comunicó que la Resolución General N° 1041 introducirá mayores exigencias de transparencia e información para garantizar que los inversores cuenten con datos completos y confiables. Según la CNV, estas medidas buscan evitar que casos como el de la firma Surcos —que defaulteó pagos por $9.364 millones y 3,5 millones de dólares— vuelvan a repetirse.
“La nueva normativa establece pautas mínimas que los emisores, Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs), y los mercados deberán reglamentar para los procesos de canje, asegurando mayor protección a los inversores”, explicó Roberto Silva, titular de la CNV.
El sector agropecuario quedó en la mira tras los recientes anuncios de cesación de pagos de empresas como Surcos, Agrofina y Los Grobo Agropecuaria. Estas últimas informaron que, debido a problemas de liquidez temporal, no podrán afrontar pagos por 10 millones de dólares en pagarés bursátiles hasta marzo de 2025.
Desde Los Grobo afirmaron que trabajan en soluciones para cumplir con sus obligaciones financieras y que están comprometidos con sus productores, proveedores y clientes. Sin embargo, el impacto de estas situaciones ha generado cuestionamientos sobre la sostenibilidad financiera en la cadena de valor del agro.
Mientras las entidades del sector y el Gobierno analizan estos episodios, las discusiones sobre la continuidad de los derechos de exportación y la carga impositiva que enfrenta el agro toman relevancia. Aunque desde el Ejecutivo aseguran que los problemas de pagos son consecuencia de malas decisiones empresariales, las entidades agropecuarias insisten en la necesidad de políticas más claras para garantizar la competitividad del sector.
Con estas nuevas medidas, la CNV busca establecer un marco más riguroso que permita prevenir situaciones de incumplimiento y fortalecer la confianza en el mercado de capitales. El impacto de esta normativa en futuras operaciones del agro será clave para observar cómo evolucionan las condiciones financieras del sector.
