Por Agroempresario.com
En Laguna Naineck, Formosa, la crisis del sector bananero alcanzó un punto crítico: solo 500 de las 1000 hectáreas sembradas al inicio de 2024 permanecen en pie. Este sector, integrado por 300 familias de pequeños productores, enfrenta años de sequías, heladas y la ausencia de políticas públicas efectivas.
La destrucción de las plantaciones se aceleró en los últimos meses. Muchos agricultores optaron por pasar tractores sobre los cultivos, dejando lotes desnudos o invadidos por malezas, con la esperanza de reemplazarlos por cultivos más rentables.
Tras las heladas de agosto, los productores enviaron una solicitud de ayuda extraordinaria al gobierno nacional, dirigida a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia. Aunque lograron una reunión con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, la asistencia nunca llegó.
“El presidente Javier Milei y el gobernador Gildo Insfrán parecen estar de acuerdo en que nuestra actividad desaparezca”, expresó Pánfilo Ayala, presidente de la filial Laguna Naineck de la Federación Agraria Argentina (FAA). Ayala destacó los altos costos de producción y la falta de ingresos, ya que no habrá cosecha hasta abril de 2025.
Ayala reclamó la implementación de políticas públicas diferenciadas que protejan a los pequeños productores ante desastres climáticos y comerciales. “No tenemos sueldos ni subsidios como las grandes empresas. Necesitamos un auxilio inmediato para sostener la producción y garantizar la permanencia de nuestras familias en el campo”, agregó.
En la reunión con Iraeta, se indicó que la decisión de otorgar ayuda dependía del Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo. Sin embargo, no hubo avances concretos. “Es urgente un aporte extraordinario no reembolsable para salvar nuestras plantaciones y asegurar el futuro de la producción en Formosa”, subrayó Ayala.
Con capacidad para sembrar más de 20.000 hectáreas y abastecer el consumo nacional de 500.000 toneladas, los productores reiteraron su pedido: políticas de precios mínimos de referencia y apoyo estatal que permitan una producción sustentable en una provincia profundamente afectada.