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Por Agroempresario.com
El Gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Desregulación, liderado por Federico Sturzenegger, y el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, analiza derogar una normativa vigente desde 1994 que restringe la importación de maquinaria agrícola usada. Esta posible flexibilización apunta a reducir los costos de producción en el sector agropecuario al permitir la adquisición de cosechadoras, tractores y pulverizadoras usadas del exterior.
La medida, sin embargo, genera controversia en la industria nacional. Fabricantes locales sostienen que la apertura podría impactar negativamente en la demanda interna, ralentizar el desarrollo tecnológico y exponer al país a riesgos fitosanitarios por la posible introducción de plagas y hongos exóticos.
El Certificado de Importación de Bienes de Capital (CIBU), implementado en 1994 durante la gestión de Domingo Cavallo, impide actualmente la importación de maquinaria usada sin una autorización previa, buscando proteger la industria local. Sin embargo, desde el Gobierno argumentan que esta restricción encarece los equipos y limita la competitividad del agro argentino.
El debate se intensificó en diciembre de 2024, cuando Maximiliano Matías Narciso Fariña, secretario de Transformación del Estado, adelantó que se estaban evaluando modificaciones en el régimen de importación de bienes de capital usados. Según Luis Simone, presidente de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (Facma), una apertura controlada podría beneficiar a pequeños productores y contratistas que no pueden afrontar la compra de equipos nuevos.
Por otro lado, la Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma) manifestó su preocupación en una carta enviada a la Secretaría de Industria, alertando sobre los riesgos sanitarios y el posible impacto negativo en la industria local. Además, destacaron que la normativa actual obliga a los importadores a mantener la maquinaria importada hasta el fin de su vida útil, dificultando la reventa.
En el ámbito fiscal, la importación de maquinaria, ya sea nueva o usada, está gravada con aranceles de hasta el 35% extraMercosur, un doble IVA del 10,5% y otras cargas impositivas que elevan el costo total hasta un 47% del valor del producto. Productores como Santiago del Solar consideran que la eliminación de estas barreras permitiría reducir costos y aumentar la competitividad del agro argentino.
Mientras el Gobierno avanza con su agenda de desregulación, el sector sigue expectante ante una posible flexibilización que podría transformar el mercado de maquinaria agrícola en Argentina.
