Soja: ROSARIO
$481 -100.97%
Maíz: ROSARIO
$267,50 -0.89%
Trigo: ROSARIO
$291,30 -99.59%
Por Agroempresario.com
El Gobierno nacional formalizó la reducción temporal de las retenciones a los principales productos agrícolas, una medida que estará vigente hasta el 30 de junio de 2025. La decisión, anunciada mediante el decreto 38/2025 publicado en el Boletín Oficial, establece nuevas alícuotas para cultivos como la soja, el trigo, el maíz y otras economías regionales, al tiempo que elimina los derechos de exportación para productos como el cuero bovino, el algodón y el tabaco.
Según lo establecido en el anexo del decreto, la soja pasa de tributar un 33% a un 26%, mientras que sus derivados –harina y aceite– se reducen del 31% al 24,5%. Otros granos como el trigo, la cebada, el sorgo y el maíz tienen una baja del 12% al 9,5%, y el girasol disminuye del 7% al 5,5%. Para las economías regionales y el cuero bovino, el beneficio es total: se eliminan las retenciones.
La industria frigorífica, en particular, celebró la medida que favorece la exportación de cuero bovino. Este producto, que durante años estuvo gravado con una alícuota del 15%, ahora podrá exportarse sin restricciones, lo que según expertos podría mejorar la rentabilidad del sector, aunque con impacto limitado en el precio de la carne.
El decreto establece un requisito fundamental: los exportadores deberán liquidar al menos el 95% de las divisas generadas por las ventas al exterior dentro de los 15 días hábiles posteriores a la presentación de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). Este requisito busca garantizar un ingreso rápido de divisas al país durante la primera mitad del año.
“Los sujetos que no cumplan con esta exigencia deberán tributar las alícuotas vigentes antes del decreto”, advierte el texto oficial. Por ejemplo, de no respetarse el plazo, la soja volvería a tributar el 33%, mientras que para el trigo y el maíz se aplicaría nuevamente el 12%.
La reducción de retenciones ocurre en un escenario complejo para el sector agropecuario, marcado por los efectos de la sequía y la caída de los precios internacionales. En los últimos meses, el rendimiento de cultivos como la soja y el maíz se ha visto severamente afectado. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires recortó recientemente su estimación de cosecha de soja en un millón de toneladas, situándola en 49,6 millones de toneladas, mientras que la previsión para el maíz también se redujo en un millón de toneladas, alcanzando los 49 millones.
El decreto subraya que “el país enfrenta efectos climáticos adversos que afectan la producción agropecuaria” y que, sumado a la baja de precios, se requieren “políticas que permitan la recuperación y mejoren las perspectivas de exportación”.
Aunque la medida ha sido bien recibida por gran parte del sector agroindustrial, surgen preocupaciones sobre su implementación. El decreto habilita a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a la Secretaría de Agricultura y al Banco Central a dictar normas complementarias para asegurar su aplicación. Sin embargo, fuentes de la agroindustria advirtieron que los detalles pendientes podrían retrasar su instrumentación efectiva.
Por su parte, líderes del sector rural destacaron la importancia de la medida como una respuesta a sus reclamos históricos, aunque remarcaron la necesidad de que las políticas de alivio impositivo sean permanentes y no temporales. “La desregulación y la reducción de la carga fiscal son fundamentales para garantizar la competitividad”, afirmaron desde las entidades gremiales.
Según economistas y analistas del sector, la baja de retenciones podría generar un incentivo para aumentar las exportaciones en los próximos meses, lo que contribuiría al ingreso de divisas en un momento clave para la economía nacional. No obstante, algunos expertos advierten que el beneficio podría diluirse si no se resuelven los problemas estructurales que afectan al agro, como la falta de acceso al crédito y los costos logísticos elevados.
En definitiva, la medida representa un paso significativo en el alivio de la carga fiscal para el sector agropecuario, aunque su éxito dependerá en gran medida de su implementación efectiva y del cumplimiento de los requisitos por parte de los exportadores. Con la mirada puesta en junio, el sector espera que esta política permita enfrentar mejor los desafíos actuales y sentar las bases para una mayor competitividad en el futuro.
