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Por Agroempresario.com
En medio de intensas negociaciones entre el Gobierno argentino y los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Buenos Aires, el Poder Ejecutivo debe afrontar un nuevo vencimiento de intereses por USD 660 millones el próximo 1 de febrero. Este desembolso impactará las reservas internacionales del Banco Central, que ya registraron una caída de casi USD 550 millones la última semana.
Las reuniones entre los técnicos del FMI y el equipo económico nacional se extendieron durante el fin de semana, pero hasta el momento no se han comunicado avances concretos. La discusión técnica se centra en los términos de un nuevo programa que el Gobierno busca cerrar para recapitalizar al Banco Central y flexibilizar el esquema cambiario.
El Gobierno tiene como objetivo principal asegurar un préstamo de al menos USD 11.000 millones que permita fortalecer las reservas y avanzar en la eliminación de los controles cambiarios. Según el presidente Javier Milei, las negociaciones también incluyen la posibilidad de un acuerdo paralelo con inversores privados.
El nuevo programa con el FMI contemplaría desembolsos escalonados, cuyo calendario dependería del cumplimiento de metas preestablecidas. Una de las principales discusiones gira en torno al esquema cambiario que adoptará el Gobierno durante el año y cómo este impactará en la acumulación de reservas.
Fuentes cercanas al organismo internacional indican que el FMI no impondrá condiciones estrictas sobre el régimen cambiario, pero las intervenciones del Banco Central en el mercado oficial y de bonos podrían generar nuevas exigencias. En este contexto, se analiza la implementación de un “dólar blend”, un esquema destinado a fomentar las exportaciones agropecuarias y aumentar la liquidación de divisas.
El pago de intereses programado para febrero será el primero de una serie de vencimientos que el Gobierno enfrentará en 2025. A diferencia de los pagos de capital realizados en 2024, los intereses no pueden ser cubiertos con desembolsos previos del FMI y deben abonarse directamente con las reservas del Banco Central.
En mayo, el Ejecutivo deberá desembolsar otros USD 630 millones en intereses, seguidos por vencimientos adicionales de USD 500 millones en agosto y USD 650 millones en diciembre. Esta situación plantea un desafío adicional para las arcas del Banco Central en un contexto de reservas debilitadas.
Durante la visita del staff técnico del FMI, el Gobierno implementó una serie de medidas para aliviar las tensiones financieras y avanzar en las negociaciones. Entre ellas, se destacan:
Un canje de deuda en pesos con una adhesión del 64%, que permitió extender vencimientos por 14 billones de pesos.
La reducción temporal de derechos de exportación, con un costo fiscal estimado de USD 800 millones.
La implementación de un “crawling peg” más lento, fijando un aumento del tipo de cambio oficial del 1% mensual.
Estas medidas buscan asegurar estabilidad en el corto plazo, aunque persisten dudas sobre su efectividad para garantizar el cumplimiento de metas fiscales y monetarias.
Analistas del mercado consideran que el Gobierno intentará cerrar el acuerdo con el FMI entre marzo y abril, con la primera revisión programada para junio o julio. Sin embargo, las expectativas de crecimiento económico y acumulación de reservas siguen siendo moderadas, debido a factores como la volatilidad cambiaria, la inflación y la presión fiscal.
Un informe de Max Capital destacó que el éxito del nuevo programa dependerá de la capacidad del Gobierno para cumplir con las metas estructurales y sostener un equilibrio entre el financiamiento externo y las necesidades domésticas. Asimismo, la implementación de reformas estructurales será clave para consolidar la estabilidad macroeconómica.
En este contexto, el rol del sector agroexportador será crucial para generar divisas y contribuir a la recuperación de las reservas. El “dólar blend”, aunque eficaz en los últimos meses, podría requerir ajustes para maximizar su impacto sin afectar la competitividad del sector.
