Por Agroempresario.com
La promesa de reducir las retenciones finalmente se convirtió en una medida oficial. El decreto 38/25, publicado recientemente en el Boletín Oficial, establece una rebaja temporal en los derechos de exportación para los principales productos agroindustriales del país. Esta normativa, vigente hasta el 30 de junio, busca fomentar las exportaciones y aliviar la carga tributaria de los productores en un contexto económico desafiante. Sin embargo, el acceso a este beneficio está condicionado a estrictos requisitos que las empresas deberán cumplir.
El nuevo esquema incluye reducciones significativas en las retenciones para productos clave:
Soja: del 33% al 26%.
Derivados de la soja: del 31% al 24,5%.
Trigo, cebada, sorgo y maíz: del 12% al 9,5%.
Girasol: del 7% al 5,5%.
Además, el decreto contempla la eliminación total de las retenciones para productos de economías regionales como el azúcar, algodón, cuero bovino, tabaco, arroz y derivados de la forestoindustria, entre otros.
El Gobierno justificó esta decisión argumentando la necesidad de potenciar la inserción internacional de la Argentina y recuperar la competitividad del sector agroindustrial, que representa más del 60% de las exportaciones totales del país.
No todos los exportadores podrán aprovechar estas rebajas. La norma establece que las empresas interesadas deberán adherirse a un nuevo régimen, presentando una declaración jurada actualizada de los volúmenes a exportar. Posteriormente, deberán liquidar al menos el 95% de las divisas declaradas en un plazo de 15 días hábiles.
En caso de incumplimiento, las empresas deberán tributar las alícuotas vigentes antes de la entrada en vigor del decreto. Este mecanismo, según el texto oficial, busca garantizar un ingreso rápido de divisas al Banco Central y fortalecer las reservas internacionales.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de establecer los mecanismos para que las empresas se adhieran al régimen. Aunque se espera que el trámite pueda realizarse de forma remota, aún falta la publicación de los detalles operativos por parte del organismo.
Según la norma, el beneficio será efectivo para las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) o permisos de embarque oficializados entre el 30 de enero y el 30 de junio de 2025. Una vez cumplido este plazo, las alícuotas regresarán automáticamente a sus niveles anteriores sin necesidad de un nuevo decreto.
El decreto reconoce los desafíos que enfrenta el sector agropecuario, como los efectos climáticos adversos, la caída de los precios internacionales y la alta carga tributaria. Estos factores han impactado negativamente en los rendimientos de los cultivos y las ganancias de los productores.
Con esta medida, el Gobierno también busca acompañar el proceso de desinflación y aliviar la presión sobre el mercado cambiario. La reducción en las retenciones forma parte de una estrategia más amplia que incluye un menor ritmo en la devaluación del peso y un reciente canje de deuda que permitió al Tesoro reprogramar vencimientos por $14 billones.
Aunque la medida representa un alivio temporal, las condiciones impuestas han generado críticas en el sector. Representantes del agro consideran que el requisito de liquidar el 95% de lo declarado en apenas 15 días hábiles podría ser difícil de cumplir, especialmente para pequeños y medianos productores. Además, algunos sectores argumentan que la baja en las retenciones no compensa el impacto de otros impuestos nacionales y provinciales.
Otro aspecto cuestionado es la falta de claridad sobre el procedimiento de adhesión al régimen. Mientras se espera la reglamentación por parte de la ARCA, existen dudas sobre cómo se implementará el control del cumplimiento de los plazos de liquidación.
Si bien el Gobierno confía en que esta medida incentivará un aumento en las exportaciones, los analistas advierten que su efecto podría ser limitado debido a la temporalidad de la norma. Además, la necesidad de liquidar rápidamente las divisas podría generar tensiones en el mercado cambiario y presionar aún más a las reservas del Banco Central.
Por otro lado, los productos de economías regionales podrían beneficiarse de manera significativa, ya que la eliminación de las retenciones les otorga una mayor competitividad en los mercados internacionales.