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Por Agroempresario.com
En un fallo histórico, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a los acreedores a embargar activos argentinos por un total de US$310 millones, depositados en cuentas de la Reserva Federal. La decisión, que se origina en el default de 2001, representa un nuevo revés legal para el país sudamericano.
La Corte rechazó la apelación presentada por Argentina, que buscaba revertir decisiones previas que habilitaron el embargo de activos utilizados como garantía de los Bonos Brady emitidos a principios de los años 90. Ahora, los acreedores podrán reclamar estos fondos, previamente retenidos como colaterales.
Los activos embargados se encuentran en cuentas de la Reserva Federal de Nueva York. Originalmente, fueron ofrecidos como garantía para los Bonos Brady, un mecanismo de reestructuración de deuda impulsado en los 90 por el entonces secretario del Tesoro de EE. UU., Nicholas Brady.
“Los acreedores pronto tomarán posesión de US$310 millones en cuentas ubicadas en Nueva York, Alemania y Suiza”, explicó Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y experto en los litigios internacionales que enfrenta Argentina. Añadió que esta es la segunda derrota en tres meses para el país, después del fallo adverso de la Corte Suprema del Reino Unido en el caso del Cupón PBI en octubre.
Entre los acreedores se encuentran los fondos Attestor Master Value, Trinity Investments, White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master, que adquirieron deuda en default de 2001. Estos inversores representan menos del 3% de los tenedores originales que rechazaron los canjes de deuda ofrecidos por Argentina en 2005, 2010 y 2016 bajo diferentes administraciones.
Argentina utilizó bonos del Tesoro de EE. UU. como garantía de los Bonos Brady, depositándolos en una cuenta especial de la Reserva Federal de Nueva York. Si el país no cumplía con los pagos de intereses, los acreedores podían reclamar estos activos.
Aunque muchos tenedores aceptaron los canjes de deuda, los llamados “holdouts” o “fondos buitre” persistieron en sus reclamos legales. En 2021, estos acreedores reanudaron su demanda para embargar el colateral restante, lo que resultó en un fallo favorable en 2022 por parte de la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Argentina apeló, pero tanto la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito como la Corte Suprema confirmaron el fallo.
La defensa argentina argumentó que los activos liberados tras el pago total de los Bonos Brady en marzo de 2023 pertenecían al Banco Central y no al Estado, por lo que estarían protegidos bajo la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones rechazó este argumento. “Argentina utilizó estos derechos de reversión en actividades comerciales al menos dos veces antes del embargo actual, lo que refuta sus alegaciones de inmunidad”, sostuvo el tribunal. También reiteró que los derechos de reversión pertenecen al Estado argentino y no al Banco Central.
Este fallo subraya las consecuencias de largo plazo del default de 2001, uno de los más grandes de la historia. Durante las últimas dos décadas, Argentina ha enfrentado numerosos litigios y sanciones económicas por disputas con acreedores que no aceptaron reestructuraciones.
Los US$310 millones embargados ahora se destinarán a compensar a estos bonistas, que han rechazado repetidamente las ofertas de reestructuración.
El fallo de la Corte Suprema de EE. UU. se suma a una serie de reveses legales para Argentina en tribunales internacionales. En octubre, la Corte Suprema del Reino Unido dictaminó en contra del país en el caso relacionado con los bonos ligados al PBI, reforzando la presión sobre la nación en el escenario financiero global.
En medio de la incertidumbre política y económica, estas decisiones resaltan las dificultades de gestionar las secuelas de crisis de deuda y las complejidades del financiamiento soberano.
Para Argentina, este fallo es un recordatorio del impacto duradero de su default. Más allá de las pérdidas financieras, también pone de manifiesto los costos reputacionales asociados a conflictos prolongados con acreedores internacionales.
Aunque los activos embargados representan una fracción de las obligaciones totales del país, el caso destaca los riesgos de no resolver disputas de manera oportuna.
A medida que analistas y observadores siguen de cerca los efectos de este fallo, queda claro que el legado del default de 2001 continúa moldeando el futuro económico y legal de Argentina.
