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Por Agroempresario.com
En un contexto de alta inflación, el Gobierno Nacional decidió postergar la actualización del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) hasta marzo de 2024. La medida, anunciada por la Secretaría de Energía mediante el Decreto 51, fue tomada con el objetivo de mitigar el impacto de los aumentos internacionales en los precios del crudo sobre el costo final de los combustibles.
La actualización del impuesto estaba prevista para el 1° de febrero, pero en lugar de implementar el ajuste en esa fecha, el Gobierno ha decidido posponer la medida hasta el 1° de marzo. Durante el mes de febrero, los precios de las naftas y el gasoil se mantendrán sin cambios, ya que los tributos permanecerán con el mismo valor que se había establecido anteriormente. Esta decisión se enmarca dentro de una estrategia más amplia para contener la inflación, que afecta especialmente al precio de los combustibles, un insumo clave para el transporte y la producción.
En los considerandos del Decreto, se argumenta que este aplazamiento es necesario debido a los incrementos en los precios del crudo a nivel internacional. De esta forma, el Gobierno busca reducir el efecto directo de esos aumentos en los precios de los combustibles y, por ende, en los costos de transporte que impactan en la economía en general.
En marzo, se aplicará la actualización del primer trimestre de 2024, aunque de forma parcial. Los aumentos correspondientes al segundo y tercer trimestre serán diferidos en su totalidad, según se detalla en el decreto. Así, se espera que los precios en las estaciones de servicio continúen ajustándose con el ritmo de la inflación, pero de manera gradual, para evitar un impacto abrupto en el poder adquisitivo de los consumidores.
Es importante destacar que el impuesto a los combustibles fue creado a través de la Ley 23.966 de 1998, con el fin de financiar fondos destinados a viviendas e infraestructura en todo el país. Este tributo se calcula sobre unidades de medida de productos derivados del petróleo y se actualiza periódicamente en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el Indec.
En paralelo, el Gobierno también ha dispuesto incrementos en las tarifas de gas y electricidad, que serán del 1,6% y 1,5% respectivamente. Estos ajustes forman parte del proceso de eliminación de subsidios energéticos para los hogares N2 y N3.
Esta medida se da en un contexto de creciente tensión por los altos costos de los combustibles y su impacto en la economía, sobre todo en sectores productivos que dependen del transporte para la distribución de bienes.
