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Por Agroempresario.com
La histórica metalúrgica mendocina IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima) será privatizada oficialmente este martes, cuando el gobierno de Mendoza formalice el traspaso del paquete accionario al grupo estadounidense ARC Energy. Con esta operación, se concreta la primera privatización en el marco de la gestión de Javier Milei, que ha impulsado la venta de empresas estatales como parte de su plan económico.
El proceso comenzó en enero, cuando el Ejecutivo firmó la preajudicación de las acciones de IMPSA a ARC Energy. La empresa compradora tenía hasta el 31 de enero para llegar a un acuerdo con los acreedores de la metalúrgica, que arrastra una deuda de US$576 millones. Sin embargo, la firma solicitó una prórroga para finalizar las negociaciones. Finalmente, este martes se cerrará la operación una vez que se obtenga la conformidad de los acreedores con la renegociación de la deuda.
El Estado nacional, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), tenía el 63,7% del paquete accionario de IMPSA desde 2021, mientras que la provincia de Mendoza poseía el 21,2%. El resto de las acciones se distribuían entre un fondo de acreedores (9,78%) y la familia Pescarmona, histórica propietaria de la empresa, que mantiene el 5%. Para completar el proceso de venta, el gobierno nacional necesitaba adquirir el 21,2% de las acciones que estaban en manos de la provincia.
La privatización de IMPSA había comenzado en abril de 2023, cuando el directorio de la metalúrgica decidió vender parte de sus acciones. Sin embargo, fue con la llegada de Javier Milei al poder en diciembre de 2023 cuando los tiempos de la operación se aceleraron, ya que el presidente había manifestado desde el inicio de su gestión su intención de privatizar todas las empresas bajo control estatal.
La privatización de IMPSA se lanzó formalmente a principios de octubre de 2024. El proceso de licitación se cerró sin que surgieran otros interesados, por lo que ARC Energy fue la única empresa en presentar una oferta. La firma estadounidense propuso una capitalización de US$27 millones para la metalúrgica a mediano plazo, además de solicitar la posibilidad de renegociar los contratos de IMPSA con empresas estatales como YPF, Yacyretá, Nucleoeléctrica (que gestiona las centrales nucleares) y el Ministerio de Defensa.
En cuanto a la deuda de la compañía, se calcula que IMPSA debe más de US$570 millones, una carga principalmente con el Banco Nación, el BICE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los inversores de ARC Energy se comprometieron a renegociar estos pasivos y a llegar a un acuerdo definitivo para el mes de marzo de 2025.
IMPSA es conocida por su participación en proyectos clave dentro de la industria energética del país. La empresa realiza trabajos para la represa Yacyretá, las tres centrales nucleares operadas por Nucleoeléctrica, y YPF, además de colaborar con petroleras que operan en la cuenca de Vaca Muerta. La compañía emplea actualmente a 660 trabajadores, y en Mendoza se espera que la privatización impulse la reactivación de las operaciones y brinde un respiro económico a la región.
IMPSA había sido estatizada en 2021 por el gobierno de Alberto Fernández, que adquirió el 63,7% de las acciones para asegurar su continuidad operativa ante una crisis financiera. Mendoza, por su parte, se quedó con el 21,2% restante de las acciones, y en septiembre de 2024 aprobó el traspaso al grupo estadounidense. Con la venta finalizada, ARC Energy se hará con el control total de la empresa y se compromete a continuar con sus operaciones clave en el país.
El cierre de esta privatización marca un hito en el plan económico del presidente Javier Milei, quien ha sido firme en su propuesta de reducir el tamaño del Estado y devolver a manos privadas las empresas que funcionen bajo su órbita. En este contexto, la venta de IMPSA es solo el comienzo de un proceso que se espera se repita con otras compañías estatales en el futuro cercano.
Para los trabajadores de IMPSA, la privatización plantea tanto desafíos como expectativas. Si bien algunos temen que la venta pueda traer consigo cambios laborales, otros consideran que la operación podría contribuir a la reactivación de la metalúrgica y la generación de nuevos puestos de trabajo en la región.
