Por Agroempresario.com
Como parte de su programa de desregulación económica, el Gobierno nacional anunció la derogación de la prohibición de exportar ganado vacuno en pie con destino a faena. Esta medida, vigente por más de 50 años, generaba controversias dentro de la cadena cárnica, ya que mientras los frigoríficos la defendían por su impacto en la industria local, los productores ganaderos la veían como un obstáculo a la libre competencia.
La decisión se oficializó con la publicación del decreto 133/2025 en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. En el documento, el Gobierno explicó que el eje central de la medida es "promover la libre competencia y permitir que el sector ganadero tome decisiones sin restricciones artificiales".
La derogación de esta normativa implica que los productores argentinos podrán ahora vender ganado en pie a mercados internacionales que tienen preferencias específicas en la forma de sacrificio. En países como Turquía, por ejemplo, existen restricciones sobre el tipo de animales que pueden ser faenados, lo que generaba una barrera para la comercialización de carne argentina.
En redes sociales, el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida: "El decreto 133/25 elimina la prohibición de exportar ganado en pie, abriendo un sinfín de nuevos mercados para el sector". Según Sturzenegger, la norma fue impuesta en 1973 por un problema de abastecimiento interno, pero con el tiempo se volvió una traba innecesaria.
A nivel internacional, muchos países productores de carne permiten la exportación de animales vivos. Actualmente, 92 naciones participan en este mercado, destacándose Australia, Francia y Canadá con exportaciones anuales superiores a los US$1.000 millones. En América Latina, Uruguay envía al exterior alrededor de 250.000 cabezas por año, mientras que Brasil alcanza las 750.000.
El anuncio generó diversas reacciones dentro de la cadena ganadera. Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, sostuvo que esta decisión está en línea con la tendencia del Gobierno de reducir las regulaciones y "permitir una mayor competencia dentro del mercado de ganados y carnes".
Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de establecer convenios bilaterales con los países importadores para garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios: "No se está exportando carne procesada, sino animales vivos, lo que implica riesgos biológicos que deben ser gestionados con protocolos adecuados".
Por su parte, el consultor ganadero Víctor Tonelli calificó la medida como "muy positiva", argumentando que dará mayor sustentabilidad a la cría y generará un piso de precios para los productores. "La industria frigorífica no quería competencia en la compra de hacienda, y esta prohibición garantizaba un mercado cautivo. Ahora, con la posibilidad de exportar, los productores tienen una opción más y mayor capacidad de negociación", afirmó.
Uno de los puntos de debate tras la derogación es el tratamiento arancelario que recibirá la exportación de ganado en pie. Actualmente, la industria frigorífica debe pagar un 6,75% en retenciones por la exportación de carne procesada. Desde el sector productivo se plantea la necesidad de que no haya una diferencia impositiva que desaliente la industrialización local en favor de la exportación de animales vivos.
Otro punto clave es la apertura del mercado a la importación de carne, una medida que podría implementarse en paralelo para garantizar el abastecimiento interno y mantener los precios estables. Según Tonelli, "los países que permiten la exportación de ganado en pie también tienen abiertos sus mercados para compensar eventuales faltantes".
Con la derogación de esta prohibición histórica, Argentina se suma a la tendencia global de apertura en el comercio de ganado en pie. La medida podría traducirse en un incremento de las exportaciones, un mejor posicionamiento en el mercado internacional y mayores oportunidades para los productores.
No obstante, también plantea desafíos en términos de regulación sanitaria, equilibrio del mercado interno y competitividad de la industria frigorífica. El tiempo dirá cuál será el verdadero impacto de esta decisión en la economía ganadera del país.