El 62% del departamento de Santa Cruz sufre las consecuencias de la sequía

n San Ignacio de Velasco extrañan la lluvia torrencial que, en otros tiempos, arreciaba con fuerza sobre calles y campos. Desde hace más de un año apenas han visto esporádicas lluvias que no logran abastecer la menguada laguna Guapomó. Basta asomarse a ella para percatarse de la gravedad de la sequía.

En algunas comunidades ya no se encuentra el agua para el consumo humano. Desde la Alcaldía se impulsa, de emergencia, la perforación de 6 pozos y la distribución de agua a través de tanques. San Ignacio de Velasco es uno de los 9 municipios cruceños que se han declarado en desastre por sequía y que aguardan la ayuda de la Gobernación.

Lagunilla, Boyuibe, Cabezas, Cuevo, Gutiérrez, San Antonio de Lomerío, Vallegrande y El Carmen Rivero Tórrez son los otros municipios que han tramitado la declaratoria de desastre por las graves consecuencias que la sequía provoca. Además de ellos, otros 27 municipios sufren, en mayor o menor grado, las consecuencias de una sequía inusual.

La directora del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), Tatiana Áñez, considera que son más de 370 comunidades afectadas, un equivalente al 62% del departamento.

“Las variaciones climáticas provocan déficit de precipitaciones, vientos fuertes y altas temperaturas que provocan eventos adversos en los municipios”, explica la directora del COED. Incluso, como consecuencia de la sequedad de la tierra y los campos, el riesgo de incendios forestales se incrementa.

En el reporte semanal que la ABT emite cada martes, se reflejan 10 incendios forestales durante la última semana. 5 de ellos corresponden a San Ignacio, uno de los municipios declarados en desastre por la sequía.

Como Gobernación, explica, están tramitando “la declaratoria de emergencia para poder atender al departamento por las sequías y, por sus consecuencias, el tema de incendios. Esta declaratoria facilita la disposición de personal humanos, logística, equipamiento y recursos económicos y atender a los municipios en emergencia”.

Los efectos de la sequía se suman a la crisis por la pandemia del coronavirus que golpeó las frágiles economías de los municipios. Durante los cinco meses anteriores, la gran mayoría de los municipios ha destinado sus recursos para atender la emergencia sanitaria y ahora, ante esta nueva situación, no cuentan con el debido presupuesto.

En coordinación con el municipio de San Ignacio, la Dirección de Riesgo, que depende de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, realizará la perforación de pozos de agua para aliviar las necesidades de las comunidades. También se está contemplando realizar acciones similares en otros municipios para establecer entre 8 y 9 pozos nuevos.

Áñez observa cierto retardo en la gestión de ayudas, pero aclara que se debe a la excesiva burocracia que impera en las administraciones públicas. La Ley 602 de riesgos exige a municipios y gobernaciones una serie de carpetas y documentaciones antes de gestionar las ayudas.

La directora del COED enfatiza que “las emergencias no entienden de procesos”, pero que, para adecuarse a las normas, cuentan con personal de apoyo a los municipios que les permita completar los declaratorias.

La declaración de emergencia permite a la Gobernación destinar recursos para apoyar a las necesidades de las comunidades que “requieren agua, alimentación, perforación de pozos y otras acciones principales para paliar las situaciones de riesgo que afecta a los municipios”, matiza Áñez.

Publiagro