Por Agroempresario.com
En febrero, la baja temporal de las retenciones a las exportaciones, implementada por el gobierno de Javier Milei, tuvo un costo fiscal significativo, superando los US$100 millones. Esta medida, que busca fomentar la comercialización de granos y aumentar las exportaciones, se reflejó en una caída de los aportes del sector agroindustrial, aunque la recaudación nacional registró un incremento interanual del 12%. Este aumento de la recaudación se debe en parte a la mayor venta de productos, especialmente soja, mientras que el maíz no experimentó el mismo nivel de impacto.
El costo fiscal de esta baja, según estimaciones de expertos, osciló entre US$100 millones y US$125 millones para el mes de febrero. Javier Preciado Patiño, exsubsecretario de Agricultura, analizó la diferencia en los aportes del sector agroindustrial, que en enero alcanzaron los US$476 millones, mientras que en febrero cayeron a US$376 millones. Preciado Patiño planteó la siguiente pregunta: “¿Cuál fue el costo fiscal de la reducción de retenciones en el complejo soja durante febrero?”, haciendo referencia a una posible transferencia de recursos hacia los productores a través de un mejor precio para los granos.
El Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea estimó que el costo fiscal bruto de esta medida en febrero fue de aproximadamente US$124,2 millones. De esa cifra, unos US$100 millones corresponden al complejo sojero, mientras que el maíz se llevó una parte menor, con un impacto fiscal de US$14,3 millones. Los cereales como el trigo y el girasol también experimentaron reducciones en las retenciones, con cifras más pequeñas de US$6,5 millones y US$1,2 millones, respectivamente.
El Ieral advierte que el costo fiscal podría ser inferior a los US$124,2 millones calculados inicialmente, debido a dos factores clave. En primer lugar, la baja de las retenciones podría haber influido en las decisiones de comercialización de los productores, incentivándolos a vender más granos de lo que habrían hecho sin la medida. Este aumento en las ventas podría haber compensado parcialmente la pérdida fiscal. En segundo lugar, aún no hay información definitiva sobre las importaciones temporarias de soja en febrero, que pueden reducir la base imponible de las retenciones y, por lo tanto, el monto recaudado por el fisco.
En cuanto a los meses siguientes, se prevé que el costo fiscal se mantenga en un rango de entre US$100 millones y US$120 millones mensuales, dependiendo de varios factores, como el avance de la cosecha, la comercialización primaria de granos, los volúmenes importados de soja y la evolución de los precios internacionales de los productos agrícolas.
David Miazo, economista y titular de la consultora DATAMiazo, puntualizó que la recaudación por retenciones en febrero alcanzó los US$511 millones, lo que representó el 10,1% de la recaudación tributaria total del país. En comparación con febrero de 2024, la recaudación subió en US$174 millones. Miazo explicó que la baja en los derechos de exportación ayudó a incrementar las ventas de soja, aunque en el caso del maíz, la mejora en el precio local fue un factor más determinante. A pesar de la ayuda de la medida, el impacto fue más fuerte en la soja, donde los productores temían bajas adicionales en los precios, lo que los motivó a vender a un ritmo más acelerado.
El economista también destacó que las ventas de los productores seguirán siendo altas en los próximos meses, ya que buscarán comercializar lo que tienen en stock antes de la cosecha. Esto se debe a la preocupación por la estacionalidad de los precios y la incertidumbre económica. De no aprovechar esta ventana de comercialización, los productores tendrían que esperar hasta los meses de septiembre a diciembre, cuando los precios tienden a ser menos favorables.