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Por Agroempresario.com
La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados comenzó este miércoles a tratar un grupo de seis proyectos de ley destinados a reducir o eliminar los derechos de exportación, más conocidos como retenciones. La discusión se da en un contexto de creciente presión del sector agropecuario, que demanda cambios en el esquema tributario para mejorar la competitividad y rentabilidad de la producción.
El inicio de la discusión coincidió con el 17 aniversario del inicio del conflicto por la resolución 125, que estableció las retenciones móviles. En ese entonces, el sector agropecuario argentino enfrentó una de sus mayores crisis debido al aumento de estos impuestos, lo que provocó paros y protestas. Hoy, el tema sigue vigente en la agenda política del país.
Durante la apertura del debate, el presidente de la Comisión, Atilio Benedetti, destacó que las retenciones se implementaron hace más de 23 años como una medida “transitoria” en respuesta a una crisis, pero que con el tiempo se convirtieron en una carga permanente para los productores. “El resultado ha sido el estancamiento del sector más dinámico de la Argentina”, afirmó el legislador, subrayando que la situación no solo afecta a los productores, sino a la competitividad de todo el sector agroindustrial.
El debate se da en medio de la baja temporal de los derechos de exportación anunciada por el gobierno de Javier Milei, que vence el próximo 30 de junio. En este contexto, los diputados instaron a encontrar una solución definitiva y a dar certidumbre al sector para evitar que los productores se vean perjudicados por una mayor carga tributaria.
Además, los expositores coincidieron en que las retenciones no pueden seguir siendo vistas como una “adicción” dentro del sistema fiscal argentino, ya que “es muy fácil entrar en ellas, pero casi imposible salir”. Esta reflexión abre la puerta a nuevas reformas que podrían cambiar la forma en que el país trata los derechos de exportación.
El próximo paso será escuchar a los representantes del agro y las entidades rurales, quienes tendrán la oportunidad de expresar sus inquietudes y propuestas a la Comisión, buscando una solución consensuada.
