El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, introdujo modificaciones en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con el objetivo de facilitar el ingreso de capitales, ampliar la participación de proveedores locales y simplificar las condiciones para desarrollar grandes emprendimientos en Argentina. Las nuevas disposiciones, establecidas mediante el decreto 1366, también permiten reorganizaciones societarias y amplían los mecanismos para computar las divisas destinadas a proyectos adheridos al régimen.
La actualización normativa forma parte de la estrategia oficial para fortalecer las condiciones de inversión y brindar mayor flexibilidad a las empresas que participan en iniciativas de gran escala.
Según informó TN, el decreto fue publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Uno de los cambios más relevantes está relacionado con la definición de proveedor local, que ahora incluye a todas las personas jurídicas constituidas y domiciliadas en Argentina, independientemente de la nacionalidad de sus accionistas o del origen de su capital.
Esta modificación amplía el universo de compañías que pueden participar como proveedoras de los proyectos incorporados al RIGI.
En el caso de las empresas que suministren bienes, deberán cumplir con las reglas de origen nacional establecidas por el Mercosur, mientras que para las prestadoras de servicios se aplicará la nueva definición vinculada con su constitución y domicilio en el país.
La medida busca facilitar la integración de distintas empresas en las cadenas de suministro vinculadas con inversiones de gran escala.
Otro aspecto central de la reforma es la ampliación de los mecanismos para acreditar el ingreso de dólares destinados a los proyectos.
Hasta ahora, el régimen contemplaba las divisas liquidadas directamente por el Vehículo de Proyecto Único (VPU), la estructura jurídica mediante la cual se desarrollan las inversiones adheridas.
Con la nueva reglamentación, también podrán computarse los aportes y financiamientos externos ingresados por accionistas directos o indirectos, socios o integrantes de una Unión Transitoria de Empresas (UTE).
Para acceder a este reconocimiento, las compañías deberán demostrar contablemente que los fondos fueron destinados al emprendimiento incorporado al régimen.
La modificación permite reconocer distintas estructuras de financiamiento utilizadas por los inversores internacionales.
En paralelo, el decreto incorpora disposiciones destinadas a brindar mayor flexibilidad a las operaciones societarias.
La compraventa de acciones de una empresa adherida al RIGI no implicará la pérdida de los beneficios previamente obtenidos por el proyecto.
Sin embargo, las adquisiciones posteriores de participaciones accionarias no podrán contabilizarse como parte del monto mínimo de inversión exigido.
También se habilita a los integrantes de una UTE a transferir participaciones o incorporar nuevos socios sin afectar la continuidad de los beneficios del emprendimiento.
Estas disposiciones permiten adaptar la estructura societaria de los proyectos durante su desarrollo, siempre dentro de las condiciones establecidas por el régimen.
La actualización también alcanza a los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), una categoría que comprende iniciativas de gran escala vinculadas principalmente con energía y minería.
De acuerdo con la información difundida, actualmente existen ocho proyectos de esta categoría, con inversiones previstas superiores a US$2.000 millones por emprendimiento.
El decreto diferencia las metas parciales de inversión correspondientes a cada etapa del compromiso global asumido por las empresas.
Además, establece una fecha límite única para cumplir con el monto mínimo total de inversión en activos computables, de acuerdo con las características de cada sector.
El objetivo es adaptar las exigencias a la planificación de emprendimientos que requieren períodos prolongados de ejecución y desembolsos de capital.
En paralelo con los cambios normativos, el Ministerio de Economía aprobó la incorporación al RIGI del parque eólico Vientos La Rinconada, ubicado aproximadamente a 40 kilómetros de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires.
El emprendimiento contempla una inversión total de US$230,7 millones y una potencia instalada prevista de 94,5 megavatios (MW).
La iniciativa se incorporó al régimen mediante la resolución 1983 del Ministerio de Economía, que establece las condiciones para el cumplimiento de los compromisos de inversión.
Según la normativa, la empresa deberá ejecutar el 40% de la inversión computable en cada uno de los dos primeros años y completar el mínimo exigido antes del 31 de marzo de 2027.
El parque estará conectado al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y tendrá como destino principal el abastecimiento energético de Siderca, una compañía siderúrgica ubicada en el partido bonaerense de Campana.
La iniciativa representa una nueva inversión en infraestructura de generación eléctrica renovable vinculada con la actividad industrial.
Su incorporación al RIGI permite sumar un emprendimiento energético a la cartera de inversiones alcanzadas por el régimen.
La actualización normativa también podría facilitar la participación de empresas proveedoras constituidas en Argentina y ampliar las alternativas de financiamiento para los desarrolladores.
De esta manera, el Gobierno busca adaptar las condiciones del régimen a las características de los grandes emprendimientos y a las estructuras empresariales utilizadas para ejecutarlos.
Las nuevas reglas contemplan tanto la incorporación de capitales internacionales como la participación de compañías que desarrollan actividades dentro del país.
Con la ampliación de la definición de proveedores locales, el reconocimiento de aportes externos y la flexibilización de las reorganizaciones societarias, el RIGI incorpora herramientas destinadas a facilitar la ejecución de inversiones de gran escala.
La aprobación del parque eólico Vientos La Rinconada, con una inversión superior a US$230 millones, acompaña esta actualización y suma una iniciativa vinculada con la generación de energía renovable y el abastecimiento industrial.