El ministro de Economía, Luis Caputo, propuso eliminar el Impuesto de Sellos durante la 32ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), realizada el 3 de noviembre, y abrió un debate con los gobernadores sobre la reducción de la presión tributaria. Los mandatarios de San Juan, Neuquén y Catamarca expresaron su disposición a analizar la iniciativa, mientras que el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, reclamó una discusión integral que contemple los recursos provinciales y la situación del sector productivo.
Según informó Bloomberg Línea, Caputo anticipó que propondrá a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires avanzar en un acuerdo para eliminar el tributo, al considerar que representa un costo adicional para la actividad económica.
La iniciativa formó parte de una serie de medidas presentadas por el titular del Palacio de Hacienda ante empresarios y representantes industriales, con el objetivo de mejorar las condiciones de competitividad.
La propuesta requiere la participación de las jurisdicciones provinciales, que administran este impuesto y deberían evaluar las consecuencias de su eventual eliminación sobre sus ingresos fiscales.
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, expresó su disposición a participar de una negociación que permita modernizar el sistema tributario y generar condiciones favorables para nuevas inversiones.
“Estoy convencido de que el diálogo tiene que primar”, afirmó el mandatario sanjuanino durante el encuentro.
Orrego destacó que su administración viene realizando esfuerzos para reducir la presión impositiva y consideró que una menor carga tributaria puede contribuir al desarrollo de proyectos empresariales.
Desde Neuquén, Rolando Figueroa también planteó la necesidad de avanzar hacia un esquema fiscal que favorezca la competitividad, aunque sostuvo que cualquier modificación debe formar parte de una discusión más amplia sobre los recursos federales.
El gobernador destacó que su administración contempla eliminar Ingresos Brutos para determinadas empresas que cumplan requisitos específicos de contratación.
La medida forma parte de la planificación provincial destinada a fortalecer las cadenas de valor y acompañar el crecimiento de la actividad energética.
Figueroa también reclamó revisar la distribución de recursos entre Nación y provincias para establecer acuerdos que contemplen las responsabilidades de cada jurisdicción.
El mandatario neuquino vinculó la competitividad tributaria con el desarrollo de Vaca Muerta, donde las inversiones requieren infraestructura, proveedores especializados y condiciones económicas previsibles.
Durante su exposición, destacó que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) contribuyó a mejorar las condiciones para competir.
También mencionó la eliminación de numerosas tasas municipales en la ciudad de Neuquén como parte de las iniciativas destinadas a reducir costos empresariales.
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, manifestó su disposición a debatir la propuesta de Caputo, pero recordó que las provincias deben financiar distintas responsabilidades mediante sus recursos tributarios.
Jalil planteó que la discusión debería incluir el régimen de coparticipación federal y la coordinación entre los diferentes niveles del Estado.
El mandatario advirtió que una reducción impositiva provincial puede perder efectividad si posteriormente se incrementan los tributos municipales.
Por ese motivo, consideró necesario establecer una estrategia conjunta que contemple a los sectores productivos y las necesidades fiscales de cada jurisdicción.
Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, expresó una posición más crítica frente a la iniciativa del Ministerio de Economía.
El mandatario sostuvo que la reducción de impuestos debe discutirse mediante acuerdos concretos y no a partir de propuestas aisladas.
“Sentémonos en serio en una mesa”, reclamó Llaryora, quien pidió incluir en la negociación tanto los tributos provinciales como los nacionales.
El gobernador cordobés también planteó que las medidas económicas deben contemplar las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas.
Llaryora reclamó una estrategia destinada a sostener el entramado industrial y acompañar a los sectores productivos tradicionales.
En ese contexto, advirtió sobre las consecuencias que puede generar el cierre de establecimientos y la reducción de puestos de trabajo en las localidades del interior.
El mandatario consideró que el desarrollo de nuevas actividades económicas debe complementarse con políticas que permitan mantener las industrias existentes.
La discusión tributaria también incluyó los incentivos a la inversión implementados por la Ciudad de Buenos Aires.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó un régimen destinado a estimular proyectos productivos de empresas medianas mediante beneficios fiscales.
La iniciativa permite computar hasta el 25% de determinadas inversiones como pago a cuenta de Ingresos Brutos y Sellos y, para algunos proyectos, también de ABL e Impuesto Inmobiliario.
El esquema se complementa con líneas de crédito preferenciales del Banco Ciudad, destinadas a facilitar el financiamiento empresarial.
El programa porteño toma como referencia el RIGI nacional, aunque está orientado a inversiones de menor escala.
La propuesta busca mejorar las condiciones para el desarrollo de empresas y fortalecer la actividad económica mediante herramientas tributarias y financieras.
Las distintas posiciones expuestas durante la Conferencia Industrial reflejaron coincidencias sobre la necesidad de mejorar la competitividad, pero también diferencias respecto de cómo implementar una reducción de impuestos.
Mientras el Gobierno nacional impulsa la eliminación del Impuesto de Sellos, los gobernadores plantean que la reforma debe considerar el financiamiento provincial, la coparticipación y las necesidades de la industria.
El debate abre la posibilidad de avanzar en acuerdos fiscales entre jurisdicciones, aunque la propuesta todavía requiere negociaciones y definiciones concretas.
La reducción de la presión tributaria, el desarrollo de incentivos para invertir y la protección de las cadenas productivas aparecen como los principales ejes de una agenda que deberá coordinar Nación con las provincias.
