La ley de biocombustibles sumó el respaldo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que solicitó a la Cámara de Diputados de la Nación aprobar el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado. El planteo, difundido el 21/11/2026, se alineó con el reclamo previo del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y apunta a establecer un marco normativo para fortalecer la actividad productiva, atraer inversiones y ampliar las oportunidades para las pequeñas y medianas empresas, según publicó TN.
CAME sostuvo que la iniciativa permitiría agregar valor a la producción primaria, diversificar las economías regionales y fortalecer los vínculos entre productores, industrias y pymes. También la vinculó con la generación de empleo y la incorporación de tecnología.
En su posicionamiento institucional, la entidad pidió que la Cámara baja acompañe y apruebe el proyecto. Consideró que la sanción definitiva representaría “una oportunidad estratégica para fortalecer el desarrollo productivo argentino, atraer inversiones y generar nuevas posibilidades para las pequeñas y medianas empresas vinculadas a las distintas cadenas de valor agroindustriales”.
CAME señaló que los biocombustibles permiten transformar materias primas nacionales y afirmó que “constituyen una herramienta fundamental para agregar valor a la producción primaria, diversificar las economías regionales y potenciar la agroindustria en el desarrollo de las provincias”.
El comunicado destacó la necesidad de reglas previsibles para convertir materias primas en insumos energéticos. Según CAME, un marco claro permitiría promover inversiones y mejorar la competitividad de las empresas agroindustriales.
CAME también relacionó el desarrollo del sector con la diversificación de la matriz energética, la transición hacia energías más limpias y la generación de oportunidades regionales.
El pedido de CAME coincidió con la posición expresada por el Consejo Agroindustrial Argentino, que había solicitado a los legisladores nacionales que emitieran dictamen y aprobaran el proyecto. De esta manera, las dos entidades sumaron sus planteos para que la Cámara de Diputados avance con el tratamiento de la iniciativa.
En su comunicado, CAME destacó “la importancia del diálogo y los consensos alcanzados entre los distintos actores de la cadena productiva, las provincias y los sectores industriales para avanzar en una nueva ley”. La entidad sostuvo que ese trabajo debe traducirse en una herramienta legislativa que acompañe las necesidades del desarrollo productivo nacional.
El respaldo se basa en el potencial de los biocombustibles para vincular producción primaria e industria. CAME sostuvo que condiciones adecuadas permitirían a las pymes ampliar mercados, incorporar tecnología y mejorar su competitividad.
Entre los argumentos presentados por CAME aparecen cuatro objetivos centrales:
Agregar valor en origen a las materias primas utilizadas por la industria de biocombustibles.
Promover inversiones y generar nuevas oportunidades de empleo en las cadenas agroindustriales.
Diversificar las economías regionales y fortalecer la articulación entre productores, industrias y pymes.
Impulsar la incorporación de tecnología y mejorar la competitividad de los entramados productivos locales.
CAME resumió su posición al afirmar que aprobar el proyecto “significa apostar por la producción, la inversión, el empleo y el desarrollo federal”.
Al momento de la publicación de TN, el proyecto tenía media sanción del Senado y esperaba la definición de la Cámara de Diputados. Por eso, el pedido de CAME y el respaldo del CAA estaban dirigidos a los legisladores de la Cámara baja. La aprobación definitiva todavía no debía darse por concretada.
La discusión legislativa es relevante para las empresas que participan de la cadena de biocombustibles porque la iniciativa busca establecer un marco normativo para el desarrollo de la actividad. CAME planteó que la previsibilidad regulatoria es una condición necesaria para aprovechar las capacidades productivas del país y promover inversiones.
La entidad concluyó que “es una oportunidad para fortalecer a nuestras pymes, agregar valor a nuestros recursos y construir una Argentina con mayores oportunidades para todas sus economías regionales”. El avance del proyecto depende de su tratamiento y aprobación en Diputados.