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Reglamento europeo: productores y legisladores reclaman cambios

El sector público y privado cuestiona la categoría de riesgo asignada a Argentina y advierte sobre su impacto en las exportaciones de carne y soja

Reglamento europeo: productores y legisladores reclaman cambios
viernes 20 de noviembre de 2026 - 16:00

El Reglamento europeo 1115 y sus exigencias de trazabilidad ambiental para las exportaciones de carne bovina y soja fueron el eje de una reunión entre legisladores nacionales, funcionarios y representantes del sector agropecuario realizada el 18 de noviembre de 2026. El encuentro, impulsado por la Fundación Barbechando, expuso un reclamo compartido: que la Unión Europea revise la clasificación de riesgo estándar asignada a la Argentina.

La normativa europea condiciona el ingreso de determinados productos al mercado comunitario a la presentación de información que permita demostrar su origen y su vinculación con establecimientos libres de deforestación. Para el sector productivo argentino, la clasificación otorgada por Bruselas genera preocupación por sus posibles consecuencias comerciales y competitivas.

El encuentro reunió a representantes de distintas fuerzas políticas y entidades de las cadenas agroindustriales. Entre los temas planteados estuvieron la necesidad de mejorar la posición argentina ante la Unión Europea, las dificultades de los productores para acceder a los sistemas de trazabilidad y el efecto económico de las exigencias sobre los productos comercializados.

Qué exige el Reglamento 1115 de la Unión Europea

El Reglamento (UE) 2023/1115, conocido como Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación, establece condiciones para la comercialización y exportación hacia ese mercado de determinadas materias primas y sus derivados.

Entre los productos alcanzados se encuentran la soja y sus derivados, así como el ganado bovino y los productos vinculados con esa actividad.

La norma exige que los operadores puedan demostrar que los productos no proceden de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. También requiere información sobre la legalidad de la producción y mecanismos de trazabilidad que permitan identificar el origen de las materias primas.

Para los operadores medianos y grandes, la aplicación está prevista desde el 30 de diciembre de 2026. En el caso de las micro y pequeñas empresas alcanzadas por el régimen, el plazo general se extiende hasta el 30 de junio de 2027.

La clasificación de riesgo de los países es otro componente relevante. La Comisión Europea ubicó a la Argentina en la categoría de riesgo estándar, mientras que Estados Unidos, Canadá y Uruguay fueron clasificados como países de riesgo bajo.

Esta diferencia es uno de los puntos que el sector argentino busca revisar, por sus implicancias en los procedimientos de control y en las condiciones de acceso al mercado europeo.

Quiénes participaron del encuentro por el Reglamento europeo

La jornada contó con representantes del Gobierno nacional, entidades empresarias, organizaciones de productores y legisladores de distintos bloques.

Entre los expositores invitados estuvieron:

  • Agustín Tejeda, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
  • Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería.
  • Gustavo Idígoras, representante de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro Exportador de Cereales (CIARA-CEC).
  • George Breitschmitt, del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).
  • Adrián Luna Vázquez, representante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

También participaron referentes del comité ABI, integrado por Aapresid, Acsoja, Asagir, ASA, Coninagro, CREA y Maizar.

La presencia de representantes de distintas fuerzas políticas permitió trasladar al debate las inquietudes de productores de varias provincias y plantear la necesidad de una posición institucional frente a las exigencias comerciales europeas.

El reclamo por la categoría de riesgo de Argentina

Uno de los principales puntos de coincidencia fue la necesidad de gestionar una modificación de la categoría asignada al país.

Durante la reunión, la normativa fue caracterizada por representantes del sector como una medida unilateral de carácter paraarancelario, debido a que establece condiciones ambientales que pueden incidir en el acceso comercial sin que, según su planteo, hayan existido instancias previas suficientes de negociación.

Los participantes señalaron que continúan las gestiones para que la Argentina pueda ser clasificada como país de riesgo insignificante.

La diferencia entre las categorías no es solamente institucional. También puede tener consecuencias sobre los procedimientos que deben cumplir los operadores y sobre las condiciones comerciales de los productos argentinos frente a los de otros países exportadores.

En ese contexto, se mencionaron las plataformas de trazabilidad y certificación disponibles como herramientas para reunir información sobre el origen de la producción y acreditar el cumplimiento de las exigencias ambientales.

Las dificultades para los productores y el impacto comercial

Otro de los aspectos planteados durante el encuentro fue la situación de los productores que no están inscriptos en las plataformas de trazabilidad o cuya inscripción fue rechazada.

Según las inquietudes expuestas por los representantes sectoriales, esas situaciones pueden traducirse en una reducción del valor comercial de la producción y generar diferencias entre establecimientos que participan de una misma cadena.

Los participantes también advirtieron sobre la necesidad de articular los mecanismos de trazabilidad con la legislación argentina, en particular con aspectos vinculados con la Ley de Bosques.

Desde el sector legislativo se señaló que las diferencias de precios aplicadas a los productos que no reúnen las condiciones requeridas pueden funcionar como un sistema de penalizaciones económicas. También se expresó preocupación por la posibilidad de que esas diferencias impulsen circuitos comerciales paralelos.

El debate dejó planteada la necesidad de coordinar las herramientas de certificación, los sistemas de información y las políticas públicas para evitar que las exigencias internacionales se traduzcan en pérdidas de competitividad para los productores.

Un consenso político y productivo frente a Europa

Entre los legisladores nacionales presentes estuvieron Joaquín Benegas Lynch y Francisco Morchio, de La Libertad Avanza por Entre Ríos; Luis Picat y Cecilia Ibáñez, de La Libertad Avanza por Córdoba; Guillermo Agüero, de la UCR por Chaco; Rosario Goitía, de La Libertad Avanza por Chaco; Martín Ardohain, del PRO por La Pampa; Ariel Rauschenberger y Daniel Bensusán, de Unión por la Patria por La Pampa; y Andrés Leone, de La Libertad Avanza por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También participaron equipos de los legisladores Pablo Cervi, de Neuquén, y Pablo Farías, de Santa Fe, además de Romina Almeida, Beltrán Benedit y Alicia Fregonese, por Entre Ríos.

La reunión mostró una coincidencia entre representantes de diferentes espacios políticos y entidades productivas sobre la necesidad de defender las condiciones de acceso de la carne y la soja argentinas al mercado europeo.

El desafío planteado es avanzar en gestiones ante la Unión Europea y, al mismo tiempo, facilitar herramientas de trazabilidad que permitan a los productores cumplir con los requisitos ambientales sin perder valor comercial ni competitividad.

 

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