Crisis ganadera en Entre Ríos: aumento de tasas en los puertos isleños desata protestas

Por Agroempresario.com

La medida tomada por la intendenta de Victoria, Isa Castagnino, quien decidió incrementar la tasa de carga y descarga de hacienda en las islas del Delta, está generando una fuerte preocupación entre los ganaderos de la región. Con una nueva ordenanza aprobada en abril de 2024, la tasa pasó de un valor de $300 por animal a un monto de hasta $12.000, dependiendo de la cantidad de hacienda que entre o salga de la isla. Los productores de la zona afirman que esta subida es insostenible y que las condiciones del servicio no justifican los altos costos. A raíz de esta situación, los ganaderos buscan habilitar puertos alternativos y de emergencia para reducir los costos y aumentar la competencia.

El cambio en la estructura tarifaria fue implementado por Castagnino, quien tiene mayoría en el Concejo Deliberante de Victoria, y afecta tanto a grandes productores como a medianos y pequeños. Anteriormente, la tasa máxima que se cobraba por cada animal era de $300, pero con la nueva normativa, el cálculo se hace en función de los kilos de ganado, lo que puede elevar el monto hasta $12.000 por vaca, novillo o vaquillona, dependiendo del número de animales transportados.

La nueva ordenanza establece que hasta 100 cabezas de ganado se abonan dos kilos por animal; entre 101 y 400 animales, tres kilos; y más de 400, cuatro kilos. Los cálculos se realizan a partir del valor del novillo en el Mercado Agroganadero (MAG), lo que significa que el monto a pagar varía según el índice de mercado.

El impacto de este incremento es inmediato y negativo para los productores, según Eduardo Grimaux, presidente de la Sociedad Rural de Victoria. "Ahora, un productor grande, mediano o chico tiene que pagar hasta $12.000 por cada vaca o novillo que entra o sale de la isla. Es un gasto enorme, especialmente teniendo en cuenta que el servicio prestado por el municipio es muy precario", declaró Grimaux a LA NACIÓN. "Es pura recaudación, no hay un beneficio real para los productores. Este aumento está llevando a los productores a la quiebra", agregó.

A raíz de este desajuste, los productores isleños han iniciado gestiones para la habilitación de puertos alternativos en el corredor vial 174, que atraviesa el río Paraná, un área de unos 1000 metros de largo perteneciente al territorio nacional. Según Grimaux, desde hace casi un año, están realizando gestiones ante las autoridades provinciales y nacionales para lograr la habilitación de al menos tres puertos adicionales en la zona. La idea es que los productores puedan acceder a otros sitios de carga y descarga, lo que permitiría aumentar la competencia y reducir los costos.

El pedido de los productores no solo se basa en la cuestión económica, sino también en una necesidad operativa. Durante las inundaciones, que son recurrentes en la región, un solo puerto habilitado se convierte en un cuello de botella, dificultando la evacuación rápida de la hacienda. De ahí la necesidad de contar con puertos alternativos que ofrezcan más opciones para la descarga en situaciones de emergencia. "Con un solo puerto, se dificulta mucho la operación, y en caso de una creciente, el tiempo que se pierde es vital", explicó Grimaux.

En cuanto al avance de la habilitación de estos puertos, el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, detalló que el proceso ha sido más lento de lo esperado debido a cambios de funcionarios y la burocracia administrativa. Sin embargo, destacó que ya se encuentran en la fase final y esperan que la aprobación se dé en los próximos días. "Tenemos la expectativa de que la habilitación esté lista muy pronto. Esto no solo mejoraría la competitividad, sino que también permitiría una respuesta más rápida en épocas de crecientes", aseguró Bernaudo.

El ministro también subrayó que la tasa cobrada por el municipio de Victoria es desmesurada en comparación con otras zonas de la provincia. "Los puertos provinciales que manejan carga y descarga de hacienda tienen una tarifa de 70 centavos de dólar, lo que equivale a unos $850 por animal. Sin embargo, en Victoria la tasa llega a ser 10 veces superior", agregó Bernaudo. Ante este panorama, el ministro expresó que el gobierno provincial está analizando posibles medidas para intervenir, aunque la responsabilidad de la tasa es del municipio.

Mientras tanto, Leonardo Scarparo, presidente de la Comunidad Islera Asociación Civil, remarcó las dificultades económicas que enfrenta la ganadería isleña debido a la combinación de altos costos y el valor del peaje. Según Scarparo, la ecuación financiera no cierra, ya que los costos del peaje por pasar por los cargaderos son más altos que los fletes de los barcos. "Pasar por la manga es más caro que viajar con el barco. Este peaje representa aproximadamente el 40% del costo de pastaje y cuidado de los animales. Es completamente desproporcionado", señaló.

Scarparo también denunció que el aumento de las tasas se basa en una interpretación incorrecta de la normativa, ya que se menciona el valor agregado que genera el humedal sin considerar que las tierras son de dominio privado. Además, la escalonada tabla de valores que se aplica a medida que aumentan los animales transportados resulta contraproducente para los productores. "Están castigando a los que producen más, lo que afecta directamente la rentabilidad del negocio", afirmó.

Como ejemplo de la situación, Scarparo relató el caso de un ganadero que la semana pasada tuvo que pagar $3 millones por el paso de 300 animales. "Es una locura. Este tipo de costos son insostenibles. Esta situación pone en peligro la viabilidad de la ganadería isleña", concluyó.

En medio de este clima de incertidumbre y descontento, los productores continúan gestionando la habilitación de puertos alternativos para poder competir con los costos de Victoria. La creación de un mercado más competitivo no solo permitiría a los productores mejorar su rentabilidad, sino también facilita la operatividad en momentos de emergencia, cuando la salida de la hacienda es urgente.

La disputa entre la gestión municipal y los ganaderos de la isla refleja un problema más amplio sobre la regulación de las tasas portuarias y la necesidad de una mayor flexibilidad para que los productores puedan acceder a servicios adecuados a precios justos. Si las gestiones para habilitar los puertos alternativos no avanzan rápidamente, la situación podría empeorar aún más para los productores, quienes ya enfrentan un panorama económico cada vez más complicado.

El futuro de la ganadería en las islas del Delta de Entre Ríos dependerá en gran medida de la respuesta que den las autoridades provinciales y nacionales, así como de la capacidad de los productores para organizarse y presionar por cambios en la normativa vigente. La cuestión es clara: el costo de la carga y descarga de ganado en Victoria es insostenible y los ganaderos están buscando soluciones que les permitan competir en condiciones más equitativas.