Malestar en el agro: el campo responde con dureza a las declaraciones de Federico Sturzenegger

Por Agroempresario.com

Las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, provocaron un fuerte malestar en el campo argentino. Al referirse a temas sensibles como las retenciones, la generación de empleo rural y el rol del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), sus palabras generaron inmediatas reacciones por parte de organizaciones y referentes del sector agropecuario.

En un discurso brindado en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), el funcionario sostuvo que “el campo no es muy mano de obra intensiva, por lo menos la agricultura extensiva de la Pampa”. Además, en el marco del 42° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), desestimó el impacto de las retenciones en el estancamiento productivo de la soja, apuntando en cambio a problemas de propiedad intelectual vinculados al mejoramiento genético.

Las respuestas no tardaron en llegar. Desde la Federación Agraria Argentina (FAA), su presidenta Andrea Sarnari calificó a las retenciones como “un mal impuesto, regresivo, distorsivo y de uso discrecional”. Y agregó: “Nada de lo que se ha aportado durante más de 22 años volvió, ni al productor, ni al sector, ni en infraestructura, ni en tecnología. Mientras tanto, los países vecinos le dan previsibilidad a sus productores y promueven el cultivo de soja en lugar de castigarlo”.

En cuanto a la cuestión de la propiedad intelectual, Sarnari explicó que Brasil, país tomado como ejemplo por Sturzenegger, también está adherido al convenio UPOV 78, el mismo marco legal que rige en Argentina. “El problema no es la ley, sino las condiciones estructurales que enfrenta cualquier industria en nuestro país: altos costos, presión fiscal, falta de estabilidad”, aseguró.

Otro de los focos de crítica fue el cuestionamiento al INTA, donde Sturzenegger dijo que “gasta $400.000 millones, tiene 6000 personas, 3000 vehículos y no se sabe muy bien qué hacen”. Estas afirmaciones fueron rechazadas de plano.

Sarnari respondió con preocupación: “Hay rumores de que el Ministerio de Economía tomará el control de los recursos del INTA. Esto significaría una pérdida de autonomía institucional, que durante casi 70 años ha sido clave para su eficacia. Si se quita esa función al Consejo Directivo, se debilita una institución estratégica para la innovación y el desarrollo agropecuario”.

Desde la Sociedad Rural de San Antonio de Areco, Martín Vivanco calificó como “desafortunadas” las declaraciones del ministro y expresó que reflejan una mirada limitada: “En el fondo trasunta que lo único que les importa son los saldos exportables. No les importa cómo vive el productor en el interior ni su rentabilidad. ¿Quién produce las toneladas que se exportan? ¿Una empresa fantasma, un fondo extranjero, un productor local? Les da lo mismo”.

Además, criticó el sesgo tecnológico de las afirmaciones del ministro: “Que Brasil haya triplicado su producción no tiene que ver exclusivamente con semillas o propiedad intelectual. Tiene que ver con políticas públicas consistentes, infraestructura, créditos, logística y condiciones macroeconómicas estables. Todo eso brilla por su ausencia en nuestro país”.

Por su parte, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) también emitió un comunicado cuestionando los dichos del funcionario. Afirmaron que el estancamiento del agro argentino no se explica por falta de innovación o esfuerzo de los productores, sino por el “sistema impositivo distorsivo y confiscatorio” que impera en el país.

“El campo argentino ha soportado durante años un esquema fiscal que ha detraído más de 200.000 millones de dólares. Las retenciones han sido un freno sistemático al crecimiento, a la inversión y a la generación de empleo genuino en el interior. Por lo tanto, si la producción no crece, no es por culpa del productor sino por los obstáculos que le impone el Estado”, expresó la entidad.

También señalaron que, según estimaciones propias, esos 200.000 millones de dólares representaron alrededor del 30% del PBI nacional. Y se preguntaron si las declaraciones del ministro fueron “producto de una mala información o de una desinformación deliberada”.

Desde distintos sectores del interior productivo, las críticas apuntan no solo al contenido de los dichos, sino al tono y al enfoque. La sensación generalizada es que hay un desconocimiento profundo de la realidad del campo argentino, sus desafíos estructurales y su rol estratégico para el desarrollo económico del país.

“El campo no es solo soja o exportaciones. Es arraigo, es empleo, es cultura, es producción con identidad. Reducirlo a una variable macroeconómica o a una planilla de Excel es peligroso y simplista”, concluyó Vivanco.

La tensión entre el gobierno y el agro no es nueva, pero estos cruces reavivan un malestar latente. En un contexto de alta presión fiscal, escasa rentabilidad y expectativas de nuevas reformas estructurales, el sector agropecuario exige mayor reconocimiento y participación en las decisiones que afectan su presente y futuro.