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Por Agroempresario.com
En respuesta a una de las crisis ambientales más severas del último tiempo en la Patagonia argentina, el Ministerio de Economía de la Nación oficializó el estado de emergencia y desastre agropecuario en la localidad de Bariloche, Río Negro. La medida, publicada a través de la Resolución 441/2025 en el Boletín Oficial, busca asistir a los productores rurales que sufrieron daños severos en sus explotaciones tras los incendios forestales ocurridos durante febrero de este año.
La declaración, solicitada por el gobierno provincial y avalada por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, abarca el período comprendido entre el 1° de febrero de 2025 y el 31 de enero de 2026. Durante este plazo, los productores afectados podrán acceder a beneficios fiscales y financieros con el objetivo de recuperar la actividad productiva.
Según el Comité de Emergencia, que coordina el Parque Nacional Nahuel Huapi junto a la Dirección de Lucha Contra Incendios Forestales y Emergencias, los incendios consumieron más de 11 mil hectáreas en distintas zonas del área andina. Las regiones más castigadas fueron Cascada Los Alerces, Los Manzanos y El Manso. En esta última, el avance del fuego fue especialmente difícil de controlar debido a las características topográficas del terreno.
El alcance de la resolución no solo contempla la pérdida de cultivos y forrajes, sino también el impacto sobre las infraestructuras rurales y el ecosistema. Como parte de las acciones definidas, se estableció el cierre del ciclo productivo para el 31 de enero de 2026, permitiendo así a los productores reorganizar sus actividades y evaluar alternativas de recuperación.
Entre las herramientas previstas en la Ley 26.509, se destacan la exención del pago de tributos nacionales para las explotaciones afectadas, la posibilidad de reestructurar deudas con instituciones financieras públicas o mixtas, y el acceso a créditos con condiciones blandas para recomponer capital de trabajo. Estas medidas deberán ser implementadas por organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y bancos nacionales.
Para acceder a estos beneficios, los productores deberán presentar ante la autoridad provincial competente un certificado que acredite el impacto del desastre en sus establecimientos. Este documento servirá como base para canalizar las ayudas económicas y técnicas que buscan evitar el abandono de las explotaciones y el éxodo rural.
La emergencia por incendios se suma a otras crisis que atraviesan diversas zonas productivas de la Patagonia. En paralelo, el Ministerio de Economía también declaró el estado de emergencia y desastre agropecuario en varios departamentos de Río Negro —como General Roca, Pichi Mahuida, El Cuy y Avellaneda— por el impacto de heladas tardías y tormentas de granizo ocurridas entre el 15 de febrero de 2025 y el 14 de febrero de 2026.
Estos eventos climáticos extremos han deteriorado considerablemente los cultivos frutícolas, hortícolas y forrajeros, complicando aún más la situación de los productores que ya venían afectados por otras contingencias.
Además, mediante la Resolución 454/2025, se declaró la emergencia agropecuaria en distintos distritos de La Pampa, debido a una severa sequía que impactó en explotaciones agrícolas, ganaderas y apícolas entre el 27 de enero y el 31 de mayo de este año. En estos casos también se contemplan los beneficios de la Ley 26.509 y la necesidad de presentar un certificado de afectación.
La recuperación del entramado productivo patagónico requerirá un trabajo coordinado entre los gobiernos provinciales, el Ministerio de Economía, instituciones financieras y organismos especializados en emergencias agropecuarias. La rapidez en la instrumentación de las medidas será clave para evitar que las explotaciones queden fuera del circuito económico.
Mientras tanto, la Patagonia intenta recomponerse, una vez más, de una tragedia ambiental que amenaza su presente productivo y su futuro sustentable.
