Incendios forestales: entre la desidia y los recortes, el fuego avanza en la Patagonia y el Delta

Por Agroempresario.com 

“Esto era una tragedia en potencia, solo faltaba que alguien encendiera la mecha. Hemos sido profetas de esta catástrofe porque venimos advirtiendo que los recursos humanos y la infraestructura asociada a la prevención de incendios forestales es prácticamente inexistente”, dice Manuel De Lucía, poblador del Paraje Mallín Ahogado, en el municipio de El Bolsón, provincia de Río Negro.

El jueves 30 de enero, Manuel tuvo relativa suerte: perdió el 90% de las instalaciones de su pequeña producción rural, pero logró salvar a sus animales. Otros vecinos no corrieron la misma suerte y vieron cómo el fuego se llevaba todo. Este verano, la Patagonia argentina atravesó una de sus peores crisis socioambientales en décadas. Según estimaciones de Greenpeace, más de 55.000 hectáreas de bosques y plantaciones fueron arrasadas por las llamas. Solo en El Bolsón, los incendios afectaron a 144 viviendas, causaron daños parciales en otras tantas y provocaron la muerte de un hombre mayor.

Las entrevistas realizadas a brigadistas, bomberos, expertos, autoridades y vecinos reflejan un problema estructural: el déficit crónico en la política de prevención de incendios. La situación, contemplada en leyes nacionales y provinciales, así como en compromisos climáticos internacionales, es abordada de forma parcial, cuando no directamente ignorada. Fallas en el mantenimiento del tendido eléctrico y la falta de limpieza de áreas aledañas, por ejemplo, han sido el detonante de buena parte de los incendios recientes, al igual que en 2021, cuando tres personas murieron en lo que se denominó “el incendio de interfase más complejo de la historia de la Patagonia”.

A 1700 kilómetros de allí, en el delta del río Paraná, la escena es inquietantemente similar. En una geografía distinta —de humedales y tierras planas—, la frecuencia y severidad de los incendios también crece. El último gran foco se registró en la Isla de los Mástiles, Santa Fe, donde las llamas consumieron 400 hectáreas a principios de enero, casi la mitad del total de la isla. Érica Maya y su familia estuvieron a pocas cuadras del desastre. “Por suerte dio vuelta el viento y se lo llevó para otro lado”, relata. “Los únicos que estuvimos apagando el fuego fuimos nosotros y un par de amigos. Nadie más. Fue desesperante, no dormimos en cuatro noches”.

En el delta, uno de los grandes símbolos del incumplimiento de políticas es el PIECAS (Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná), firmado en 2008 por el Gobierno Nacional y las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, tras una serie de incendios que arrasaron con 170.000 hectáreas. Este plan, que prometía ordenar los usos del suelo con una mirada ambiental y participativa, no avanzó más allá del papel. En 2020, en plena crisis por nuevos incendios (casi 487.000 hectáreas quemadas, el 21% del delta), el compromiso fue reflotado sin éxito.

Graciela Klekailo, doctora en Ciencias Agrarias y directora del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), asegura que “desde que comenzaron los incendios en 2020 desde organizaciones sociales, universidades e incluso municipios, se insistió en reactivar el PIECAS, pero el avance fue nulo”. En un contexto donde el cambio climático ya no es una hipótesis futura sino una realidad tangible, la falta de planificación territorial se vuelve una deuda urgente.

Un informe conjunto de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y el INTA lo plantea con claridad: “El cambio climático de origen antrópico está alterando los ciclos del fuego, tornándolos más frecuentes, prolongados y destructivos. Esto genera consecuencias severas para el ambiente y las comunidades”. En ese escenario, la distancia entre promesas políticas y medidas concretas solo acrecienta la magnitud del daño.

Además de víctimas directas, los incendios forestales son también generadores de gases de efecto invernadero. Esto produce un ciclo perverso: más incendios → más emisiones → más calentamiento global → más incendios. Los ecosistemas como los humedales y los bosques, vitales como sumideros de carbono, quedan así doblemente amenazados: por el cambio climático que contribuyen a mitigar y por la acción directa del fuego.

“El ecosistema puede regular el clima, prevenir inundaciones y almacenar carbono si está sano. Pero si lo dañamos, pierde esa capacidad”, explica Klekailo. De hecho, el primer Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático (2019) establece que la prevención de incendios permitiría reducir hasta 2030 más de 1,1 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalentes. Pese a ello, el Estado no ha implementado una política sostenida al respecto.

Las herramientas legales existen: desde 1993, cuando Argentina se adhirió a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se sancionaron al menos nueve leyes nacionales, seis provinciales, dos versiones del Plan Nacional de Acción Climática (2019 y 2022), planes provinciales y acuerdos interjurisdiccionales. “Tenemos la legislación, pero el problema es que no se aplica. Es un tema de gestión”, insiste Klekailo. Un ejemplo: la Ley 13.372 de Santa Fe, que en 2013 ordenaba crear un Mapa de Ordenamiento de Bosques Nativos. “La autoridad de aplicación tenía cinco personas para controlar toda la provincia. Era imposible”, agrega.

A este panorama de desidia y lentitud, se suma un presente político complejo. Tras asumir la presidencia en diciembre de 2023, Javier Milei degradó el Ministerio de Ambiente al rango de Subsecretaría y traspasó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) al Ministerio de Seguridad. La máxima autoridad ambiental, Ana Lamas, renunció el 13 de febrero, en medio de la crisis en la Patagonia. A eso se le suma un recorte presupuestario: descontada la inflación, la caída en la ejecución de partidas para prevención y combate de incendios es del 73% para 2023 y del 72% proyectado para 2024.

El financiamiento del SNMF no depende solo del presupuesto nacional. Desde 2021, cuenta con un fideicomiso alimentado por una alícuota del 0,3% sobre las pólizas de seguro —salvo vida—, establecido en la Ley 27.591. Sin embargo, exfuncionarios y especialistas advierten que esos fondos no están siendo utilizados adecuadamente. “Es mentira que no hay plata. La plata está, se recauda, pero no se usa para lo que debe usarse. Eso es malversación de fondos”, denuncia Sergio Federovisky, exviceministro de Ambiente.

La falta de transparencia agrava el panorama. Mientras el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), encargado de administrar el fideicomiso, brindó los datos de recaudación, la Subsecretaría de Ambiente no respondió los pedidos de información sobre el uso de esos fondos. Consultas realizadas al director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Jorge Heider, también quedaron sin respuesta.

Hernán Ñanco, integrante del SNMF, detalla que “no se avanzó en licitaciones necesarias, como las de indumentaria ignífuga o herramientas básicas. Los chicos emparchan pantalones viejos para ir al fuego”. La precarización alcanza niveles preocupantes y pone en riesgo no solo los ecosistemas, sino también a los brigadistas que los defienden.

Mientras tanto, Manuel en la Patagonia y Érica en el Delta siguen esperando. Esperan que las leyes se cumplan, que las promesas no se diluyan, que sus tierras dejen de arder. Esperan que los compromisos firmados por el país —locales e internacionales— se traduzcan en recursos, planificación y acción. Porque el fuego no espera, y si las respuestas no llegan a tiempo, lo único que quedará serán cenizas.