Productores en pie de guerra: denuncian suba “confiscatoria” de la tasa vial en General Guido

Por Agroempresario.com 

La tensión entre el campo y los gobiernos municipales vuelve a encenderse, esta vez en el partido bonaerense de General Guido, donde un grupo de 40 productores agropecuarios presentó un recurso de amparo contra el municipio por el fuerte aumento en la tasa de red vial, que se incrementó un 360% de un año a otro. Según denuncian, la suba es “ilegal, inconstitucional y confiscatoria”, y se da en un contexto de caminos rurales deteriorados y gastos oficiales que, aseguran, resultan provocadores.

El conflicto surgió cuando los productores comenzaron a recibir las boletas correspondientes al primer bimestre de 2025. Fernando Sarena, uno de los principales impulsores del reclamo judicial, recordó el momento con claridad: “Estaba en el campo con mi mujer y al ver el monto no lo podíamos creer. Comparé con la del año pasado y el aumento era abismal. Pasamos de pagar $103.000 a casi $480.000 por una misma partida”. El incremento, precisó, no fue lineal: “Durante 2024 ya habían subido la tasa un 80%, y ahora aplicaron un salto del 180% más. En total, el interanual es del 361%”.

Lo que más indignó a los productores fue la falta de disposición al diálogo por parte del Ejecutivo local, encabezado por el intendente Carlos Humberto Rocha, de Unión por la Patria. “Propusimos que si la tasa estaba desactualizada, se hiciera una actualización progresiva, en dos o tres años. Pero no aceptaron. Dijeron que el aumento era ese y listo”, contó Sarena. Desde el municipio ofrecieron apenas un descuento del 10% –luego ampliado al 15%– para quienes pagaran en término, pero sin modificar el nuevo esquema.

Además de la magnitud del incremento, el nuevo sistema de segmentación implementado para calcular la tasa también fue blanco de críticas. La ordenanza pasó de tener tres categorías en 2024 a seis en 2025, segmentadas según la cantidad de hectáreas de cada explotación, sin contemplar factores clave como la productividad ni la calidad del suelo. “Hay campos bajos, con lagunas, donde apenas se puede criar ganado, y sin embargo pagan fortunas. Es una tabla arbitraria”, aseguró Sarena.

La bronca se incrementó cuando, el mismo día en que llegaron las boletas, el municipio publicó un informe en redes sociales anunciando que había gastado $30 millones en la organización del carnaval local. “¿Cómo puede ser que digan que no tienen plata para mantener los caminos, y gasten eso en una fiesta? Nos están tomando el pelo”, se quejó el productor. Según relatan, muchos caminos rurales se encuentran en pésimo estado: “Llueven 20 milímetros y se hacen intransitables. En invierno, directamente no se puede entrar”.

El recurso de amparo fue presentado por un abogado contratado por los mismos productores, y ya cuenta con número de expediente. La acción judicial alcanza no solo al municipio, sino también a la provincia de Buenos Aires, por su rol en la supervisión del tributo. En el escrito se argumenta que la Ordenanza Fiscal N° 20/2024 contradice la Constitución Nacional, la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos y la Ley de Impuestos a los Combustibles, al implicar una forma de doble imposición. Según los denunciantes, el mantenimiento de la red vial ya está contemplado en los fondos que se distribuyen a los municipios a través de impuestos nacionales.

En el expediente se detalló además que los productores enviaron una nota formal al intendente el 17 de febrero, solicitando la revisión del incremento. “No hubo respuesta. Solo obtuvimos promesas verbales y negativas a firmar actas. Fue todo muy informal”, afirmaron.

El impacto económico del nuevo esquema es contundente. Productores que pagaban $1 millón cada dos meses, ahora deben afrontar boletas de $5 millones. “Yo tengo tres partidas. Una de 484 hectáreas pasó de $103.000 a $479.000. En dos años nos subieron 878%, con una inflación acumulada de 570%. Están 300 puntos arriba de la inflación. No hay forma de justificarlo”, remarcó Sarena.

Pese al conflicto, el reclamo tuvo un efecto inesperado: generó una mayor participación institucional. Algunos de los productores que encabezaron la protesta se incorporaron recientemente a la Comisión Directiva de la Sociedad Rural local, una entidad que en un principio se mantuvo al margen del reclamo. “Muchos productores viven en Capital o en el pueblo y no se involucraban. Ahora, con esto, estamos intentando cambiar las cosas desde adentro”, comentó Sarena.

El caso de General Guido no es aislado. La presión fiscal en los municipios rurales y la falta de contraprestaciones concretas –como caminos en condiciones transitables– han sido una constante en los reclamos del sector agropecuario en los últimos años. La judicialización del conflicto marca un nuevo capítulo en la puja entre los productores y los gobiernos locales, y podría sentar precedente en otros distritos que enfrenten situaciones similares.

Por ahora, los vecinos de General Guido aguardan una resolución judicial que les devuelva algo de previsibilidad. “Queremos que se declare la inaplicabilidad de esta ordenanza, al menos hasta que haya una sentencia definitiva. No podemos seguir trabajando con esta presión impositiva sin mejoras concretas en los servicios que recibimos”, concluyó Sarena.