El Gobierno pone en marcha la privatización de Transener y da el primer paso para desarmar Enarsa

Por Agroempresario.com

El Gobierno nacional, a través de un inminente decreto presidencial, iniciará esta semana el proceso de privatización de Transener, la principal empresa transportadora de electricidad de alta tensión del país, controlada actualmente por Citelec, una sociedad cuyo 50% está en manos del Estado a través de Energía Argentina S.A. (Enarsa). La medida representa el primer paso en el plan oficial para avanzar con la desarticulación y posterior privatización total de la compañía estatal, según lo habilita la Ley de Bases.

Con 12.400 kilómetros de líneas de transmisión operativas, Transener ocupa un rol estratégico en el sistema energético argentino. Por eso, el Gobierno decidió que este será el primer activo que pondrá en venta, con el objetivo de avanzar antes de mitad de año con su traspaso al sector privado. El proceso se realizará mediante un concurso público, tanto nacional como internacional, según confirmaron fuentes oficiales.

Actualmente, Citelec —la sociedad controlante de Transener— tiene un 51% de las acciones de la transportista. De ese total, la mitad pertenece a Enarsa y la otra mitad a Pampa Energía, el holding conducido por Marcelo Mindlin. Pampa también es accionista directo de Transener con un 1,65% adicional. Sin embargo, pese a tener participación accionaria, la normativa en elaboración excluirá expresamente cualquier tipo de prioridad para Mindlin, en línea con lo dispuesto por la Ley 24.065, que impide que una misma empresa concentre actividades de generación y transporte eléctrico.

El marco normativo también sorteará las preferencias tradicionales establecidas por la Ley de Reforma del Estado de 1989, que otorga ventajas a accionistas y empleados en procesos privatizadores. El decreto establecerá, en cambio, un mecanismo de venta abierto y competitivo, con el foco puesto en asegurar la mayor transparencia y la atracción de inversiones.

Paralelamente, la Secretaría de Energía está próxima a concluir la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), un instrumento clave que definirá los ingresos futuros de Transener y otras empresas reguladas. La finalización de este proceso permitirá establecer un horizonte de previsibilidad en materia tarifaria e inversión, algo que el Gobierno considera fundamental para interesar a potenciales compradores. La expectativa oficial es que, con reglas claras y márgenes definidos, el activo resulte atractivo para grupos empresarios nacionales e internacionales.

El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, ya había anticipado en diciembre pasado, durante el acto por el Día del Petróleo, que la intención oficial era desprenderse de la participación estatal en Transener antes de mitad de 2025. El paso que se concretará esta semana, aseguran en la Casa Rosada, responde a esa hoja de ruta.

Una vez cumplido ese objetivo, el Gobierno avanzará en la venta del resto de los activos de Enarsa, un entramado complejo que incluye más de 17 unidades de negocio. Entre ellas, las centrales térmicas Manuel Belgrano y General San Martín, ductos como el Gasoducto Norte y el Perito Moreno, y la coordinación de obras estratégicas como las represas santacruceñas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic.

Estas últimas están sujetas a negociaciones internacionales con China, reactivadas tras el acuerdo de extensión del swap de monedas con el gigante asiático. Retomar el financiamiento para las hidroeléctricas es parte de los compromisos asumidos por el Gobierno en su entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El plan privatizador se inscribe en la Ley Bases impulsada por Javier Milei, que propone la venta total de Enarsa e Intercargo, y la apertura parcial —con posibilidad de concesión— de empresas como AySA, Belgrano Cargas, Sofse y Corredores Viales. También se permitirá la incorporación de capital privado en Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y Yacimientos Carboníferos Fiscales.

Con esta primera movida sobre Transener, el Gobierno busca dar una señal clara de su voluntad de reducir la participación estatal en la economía y promover la inversión privada en sectores clave como la energía.