Soja: ROSARIO
$481 -100.97%
Maíz: ROSARIO
$267,50 -0.89%
Trigo: ROSARIO
$291,30 -99.59%
Por Agroempresario.com
La posibilidad de modificar el régimen sanitario que protege a la Patagonia encendió las alarmas entre los productores del sur argentino. Luego de la reunión mantenida el 14 de abril en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), las entidades rurales patagónicas ratificaron su rechazo a la Resolución 180/25 y exigieron garantías concretas antes de avanzar en cualquier tipo de cambio.
El encuentro, que contó con la participación de autoridades nacionales, funcionarios de SENASA, ministros de Producción de las provincias patagónicas y representantes de la mesa de enlace, fue valorado como “un primer paso necesario” por los productores. Sin embargo, advirtieron que cualquier alteración del actual estatus sanitario sin respaldo internacional pondría en riesgo años de trabajo y mercados clave.
A través de un comunicado conjunto emitido por la “Mesa Patagónica”, integrada por entidades como la Asociación Rural de Tierra del Fuego, la Federación de Sociedades Rurales de Chubut y Río Negro, y las rurales del sur bonaerense, los productores reiteraron su disposición al diálogo, pero fueron categóricos: “Rechazamos cualquier modificación en las condiciones de la barrera sanitaria, por mínima que sea, sin contar previamente con las garantías concretas, actualizadas y específicas que surjan de las consultas formales a todos los países clientes de la Patagonia”.
El conflicto se originó tras la publicación de la Resolución 180/25, firmada por el titular de SENASA, Pablo Cortese, que proponía permitir el ingreso de carne con y sin hueso desde zonas del país libres de aftosa con vacunación hacia el sur patagónico, una región que mantiene un estatus sanitario diferenciado por no vacunar. El objetivo declarado era ampliar la oferta de cortes en las góndolas y reducir precios al consumidor.
No obstante, la medida generó un inmediato rechazo por parte de gobernadores y sectores productivos, preocupados por las posibles consecuencias en los mercados internacionales, especialmente en exportaciones de carne ovina y bovina a destinos de alta exigencia sanitaria. Frente a esta presión, el Gobierno comunicó informalmente la suspensión de la resolución por un plazo de 90 días, aunque hasta el momento no se formalizó en el Boletín Oficial.
Desde el sector agropecuario regional sostienen que avanzar en una modificación sin consensos amplios y sin el aval de los países compradores podría significar un retroceso irreparable. En este contexto, las entidades propusieron redoblar esfuerzos para lograr un objetivo superador: “Avanzar hacia una Argentina libre de enfermedades ganaderas sin vacunación”.
La Mesa Patagónica también valoró el compromiso de los gobiernos provinciales en defensa del estatus sanitario logrado, y pidió que cualquier discusión futura contemple la experiencia y el conocimiento técnico de los productores locales. “Somos quienes trabajamos el territorio, conocemos los riesgos y asumimos las consecuencias de cada decisión”, remarcaron.
La discusión, que aún está abierta, promete seguir siendo uno de los focos de tensión entre Nación y las provincias del sur, en un año donde las decisiones sanitarias impactan de lleno en la economía regional y el posicionamiento internacional de los productos argentinos.
