Chaco: aprueba la legislatura provincial la ley de «blanqueo» de comercialización de madera de origen de desmontes ilegales

Una polémica ley acaba de ser aprobada en la provincia del Chaco este miércoles y los sectores ambientalistas denuncian que, bajo la fachada de un “agravamiento de sanciones” contra el desmonte, en realidad se esconde un “blanqueo” de la madera ilegal.

Se trata de la nueva Ley 4157-R, que busca reformar la Ley 2079-R que regula las sanciones por desmontes ilegales. El proyecto fue presentado por el diputado Juan José Bergia y aprobado en una sesión extraordinaria.

Si bien el fundamento del mismo hacía referencia justamente a un informe de la ONG Greenpeace que trataba el grave problema del desmonte en la provincia, algo que remarcaban que era necesario combatir ante lo desactualizadas que habían quedado las multas de la norma, un artículo despertó las sospechas.

Se trató del art. 45 bis que se incorporará a la Ley 2079-R en caso de ser promulgada, que dice: “Para el acceso de los descuentos habilitados por los art. 42, 43 y 44 de la Ley 2085-R, en el caso de sanciones de multas de desmontes y silvopastoriles ilegales deberán presentar un contrato de aprovechamiento forestal de un plazo de ejecución como mínimo de UN (1) año, a los fines de garantizar el aprovechamiento de los productos abatidos y evitar la quema de los mismos”.

Esta posibilidad de que los sancionados por desmonte ilegal puedan “aprovechar” los productos abatidos, fue lo que generó comunicados de múltiples organizaciones pro ambiente, que catalogaron en redes sociales a la iniciativa como un “blanqueo” de la madera ilegal.

Esta posibilidad de que los sancionados por desmonte ilegal puedan “aprovechar” los productos abatidos, fue lo que generó comunicados de múltiples organizaciones pro ambiente, que catalogaron en redes sociales a la iniciativa como un “blanqueo” de la madera ilegal.

Desde las organizaciones Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) expresaron su preocupación ante el proyecto que “permitiría legalizar la comercialización de productos forestales obtenidos de manera ilegal mediante contratos privados”. Algo que también fue expresado en términos similares por la agrupación “Somos Monte”.

La provincia atraviesa una crisis ambiental preocupante por los desmontes desmedidos, aún pese a la existencia de una medida cautelar que impide continuar con los mismos, dictada en el marco de la causa que se tramita ante la justicia federal.

Además también existe una acción de inconstitucionalidad en proceso ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, por la sanción de la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que se ataca por ser “regresiva”, “contraria a la normativa ambiental” y haberse sancionado sin respetarse los pasos legales o asegurar la participación ciudadana de forma correcta. En este caso inclusive el tribunal convocó a Amicus Curiae para colaborar en la causa.

Argentina Forestal