Debate en el Congreso: buscan por ley eliminar retenciones al agro en forma progresiva hasta 2030

Por Agroempresario.com

La discusión por el futuro de las retenciones al campo sumó un nuevo capítulo en el Congreso Nacional. Este miércoles, la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Cámara de Diputados tratará una propuesta legislativa que apunta a establecer por ley una baja gradual y sostenida de los derechos de exportación para la producción agropecuaria y agroindustrial, con el objetivo de eliminarlos por completo para el año 2030.

La iniciativa llega en un momento clave: la reducción temporal de las alícuotas, vigente desde febrero pasado para cultivos como soja, trigo, maíz y sorgo, vence el próximo 30 de junio. A partir de entonces, si no hay una nueva intervención, los derechos de exportación podrían volver a sus niveles anteriores, lo que preocupa a gran parte del sector. El proyecto legislativo, al que tuvo acceso LA NACION, busca precisamente evitar ese escenario y establecer un sendero previsible hacia la eliminación total de estos tributos.

El borrador que se pondrá en discusión en la Comisión toma como base los valores vigentes tras la rebaja decretada en enero. Es decir, los niveles actuales de retenciones quedarían congelados como punto de partida para una reducción paulatina desde enero de 2026. La baja sería mensual, de forma sucesiva y acumulativa, hasta alcanzar el 0% en el plazo de 60 meses. En otras palabras, un horizonte de eliminación total en cinco años.

En términos fiscales, el impacto estimado sería significativo: cerca de 1000 millones de dólares anuales en ingresos que el Estado dejaría de percibir. Sin embargo, quienes impulsan la medida argumentan que se trata de una apuesta a largo plazo que podría traducirse en mayor inversión, producción y exportaciones.

El esquema propuesto establece, por ejemplo, que el poroto de soja, cuya alícuota actual es del 26%, tendría una reducción de 0,43% mensual durante 59 meses y una baja de 0,63% en el mes 60. Para los subproductos de la oleaginosa, como aceites y harinas, la caída sería de 0,41% por mes y 0,31% en el último mes del plan.

Los cultivos extensivos como trigo, maíz, sorgo y cebada –hoy en 9,5%– experimentaron una disminución de 0,16% mensual durante 59 meses, con una baja final de 0,06%. En el caso del girasol y sus derivados, la reducción sería de 0,09% mensual y de 0,19% en el mes final.

El proyecto también incluye a las carnes: tanto la bovina como la aviar, que tributan actualmente el 6,75%, verían una merma mensual de 0,11% y una reducción de 0,26% en el mes 60, hasta su eliminación total.

Uno de los puntos clave del texto es que establece explícitamente que el Poder Ejecutivo no podrá aumentar, restablecer ni crear nuevos derechos de exportación sobre los productos agropecuarios y agroindustriales que hayan sido reducidos o eliminados durante los años 2024 y 2025. Este candado fiscal busca evitar retrocesos y dar seguridad jurídica al sector.

Además, el proyecto contempla la posibilidad de que el Ejecutivo acelere el cronograma o elimine directamente las retenciones antes del plazo previsto, si las condiciones macroeconómicas lo permiten. Esta flexibilidad permitiría, por ejemplo, aprovechar un contexto favorable en los mercados internacionales o un superávit fiscal consolidado.

Desde febrero pasado, tras fuertes reclamos de las entidades rurales por los efectos de la sequía, las alícuotas se redujeron en forma temporal: la soja bajó del 33% al 26%, sus derivados del 31% al 24,5%; el trigo, la cebada, el maíz y el sorgo pasaron del 12% al 9,5%; y el girasol del 7% al 5,5%. Esta medida fue considerada un alivio, pero también insuficiente por muchos productores que demandan un cambio estructural.

En ese sentido, la propuesta que comienza a debatirse en el Congreso cuenta con el apoyo de sectores de la oposición dialoguista y con el respaldo político del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. Su intención sería lograr un bloque común con sus pares de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, para empujar el proyecto con fuerza federal. La alianza entre provincias agrícolas podría ser decisiva para inclinar la balanza legislativa.

Sin embargo, desde el Gobierno nacional no tardaron en marcar distancia. Cuando semanas atrás trascendió que este proyecto avanzaba, un funcionario cercano al presidente Javier Milei advirtió: “El Presidente vetará todo lo que atente contra el equilibrio fiscal”. La definición encendió las alarmas entre los legisladores que trabajan la iniciativa y mostró que, más allá de los objetivos de desarrollo productivo, el Gobierno no cederá fácilmente con medidas que impliquen pérdida de recaudación.

Cabe destacar que las retenciones han sido durante años una herramienta clave de financiamiento estatal, pero también uno de los tributos más cuestionados por el sector agropecuario. No solo se las considera distorsivas, sino también regresivas, ya que penalizan la producción y reducen la competitividad internacional. Las entidades rurales, como CRA, Federación Agraria y Sociedad Rural Argentina, vienen reclamando desde hace años un cronograma de eliminación, algo que por primera vez podría plasmarse en una ley.

De avanzar en el Congreso, esta propuesta marcaría un cambio sustancial en la política tributaria aplicada a las exportaciones agroalimentarias. Para los productores, significa mayor previsibilidad, estímulo a la inversión y mejoras en la rentabilidad. Para el país, implicaría asumir un desafío fiscal a cambio de apostar por uno de sus sectores más dinámicos.

El debate recién empieza y promete ser intenso. El campo, mientras tanto, sigue a la expectativa.