Soja: ROSARIO
$321.000 0.00%
Maíz: ROSARIO
$201.500 -0.15%
Trigo: ROSARIO
$236.000 -0.04%
Por Agroempresario.com
La soja, columna vertebral del complejo agroexportador argentino, se enfrenta a una coyuntura crítica. Con la restitución del 33% en los derechos de exportación (DEX) a partir del 1º de julio de 2025, las proyecciones del sector indican que el cultivo se volvería inviable en el 80% del área agrícola nacional. La medida, adoptada por el gobierno de Javier Milei en medio de la urgencia fiscal, pone en riesgo no solo la rentabilidad del productor sino también una de las principales fuentes de divisas del país.
El aumento de retenciones fue oficializado a través del Decreto 38/2025, revocando la rebaja transitoria que había sido dispuesta en enero. La decisión, aunque previsible, generó un fuerte rechazo por parte del sector agropecuario. Desde entidades como CREA (Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), ya se había advertido que los márgenes de rentabilidad eran demasiado ajustados como para absorber un incremento de esta magnitud, especialmente en un contexto de precios internacionales deprimidos.
En una exposición ante legisladores nacionales del Espacio Legislativo Interpartidario del Agro (ELIA), Ariel Angeli, líder de Investigación y Desarrollo de CREA, presentó un análisis técnico alarmante: “La aplicación de un derecho de exportación del 33% tornaría inviable el cultivo de soja en el 80% de la superficie agrícola nacional”.
La advertencia no es menor. La soja no solo representa el principal cultivo en términos de superficie y exportaciones, sino que además es fundamental para sostener sistemas productivos integrados, como el doble cultivo trigo/soja de segunda. En este esquema, el retroceso de la oleaginosa implica también un debilitamiento del trigo, ya que sin la renta generada por la soja, el cereal queda expuesto a precios internacionales bajos y márgenes negativos.
En 2024, el complejo sojero explicó el 24,6% del total de exportaciones argentinas, generando un saldo positivo en la balanza comercial de USD 16.370 millones. El cultivo y su cadena de valor —aceite, harina y biodiésel— constituyen la principal fuente de ingreso de divisas del país.
Por eso, la decisión del Ejecutivo no solo tiene consecuencias microeconómicas, que afectan a productores y empresas agropecuarias, sino también implicancias macroeconómicas. Una menor superficie sembrada implicaría una reducción directa en la oferta exportable y, por ende, en la generación de dólares.
Además de la caída en la superficie cultivada, preocupa la reducción en la inversión tecnológica. Según Angeli, existe una correlación directa entre el precio percibido por el productor y el uso de insumos estratégicos como los fertilizantes. “Una mejora del 12% en el precio del grano, sin retenciones, se traduce en un aumento del 6% en la dosis de fertilización aplicada”, explicó.
Este incremento impactaría positivamente en el rendimiento y en la producción final. CREA estima que, sin DEX, se podría esperar un crecimiento del 2% en la producción de maíz y del 2,7% en la de trigo, lo que representaría exportaciones adicionales por más de USD 300 millones a valores FOB actuales. En el caso de la soja, el efecto sería similar, con un incremento en la disponibilidad de nutrientes para el cultivo.
Si bien el impacto más severo se da en la soja, el maíz y el trigo tampoco escapan a los efectos de la medida. En el caso del maíz, la suba del derecho de exportación al 12% reduciría la viabilidad económica del cultivo al 39% del área nacional. Esto, en combinación con la menor inversión en tecnología, impactaría directamente en los volúmenes de producción.
El trigo, por su parte, es altamente dependiente del esquema de doble cultivo con soja. Sin el respaldo de la oleaginosa, su cultivo en muchas regiones se vuelve inviable. Así, se genera un efecto dominó que compromete la rotación de cultivos, la conservación de suelos y la sostenibilidad de los sistemas productivos.
La presentación de CREA ante el Congreso Nacional busca sensibilizar a los legisladores sobre las consecuencias de mantener derechos de exportación tan elevados. En países con fuerte tradición agrícola como Brasil, existe una bancada ruralista consolidada que defiende los intereses del campo. En Argentina, en cambio, se intenta construir un espacio similar con esfuerzos aún incipientes, como el promovido por la Fundación Barbechando.
Desde CREA insisten en que los derechos de exportación, además de distorsionar precios relativos, afectan la sostenibilidad de las empresas agropecuarias y desincentivan la inversión en innovación. “En el corto plazo, los DEX reducen producción. En el largo plazo, deterioran la competitividad y el valor agregado del agro argentino”, remarcó Angeli.
Pese a que los productores están acostumbrados a ajustar sus presupuestos a los vaivenes del mercado y la política, las señales actuales son desalentadoras. No se prevén pérdidas generalizadas, ya que pocos asumirán riesgos con márgenes negativos, pero sí se anticipa una caída significativa en el área sembrada con soja.
Este escenario podría traducirse en una reducción de las exportaciones en uno de los sectores más competitivos de la economía nacional. En lugar de impulsar políticas que promuevan la inversión y el desarrollo de la agroindustria, se da marcha atrás con decisiones que desalientan la producción.
A medida que se acerca la ventana de siembra 2025/26, crece la incertidumbre entre los productores. Si no hay cambios en la política fiscal aplicada al agro, es probable que la superficie de soja sufra una merma histórica, con impacto directo sobre la economía del interior, la recaudación fiscal y el ingreso de divisas para el país.
