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Por Agroempresario.com
En un nuevo paso dentro del plan de reformas estructurales que impulsa el gobierno de Javier Milei, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció este martes la publicación del Decreto 340/2025, que modifica en profundidad el régimen de navegación fluvial y marítima en Argentina. El objetivo declarado: dinamizar el cabotaje nacional, atraer inversión, reducir los costos logísticos y eliminar los sobrecostos impuestos por normativas obsoletas y prácticas sindicales que el funcionario considera extorsivas.
La norma modifica de forma sustancial tres leyes clave: la Ley de Navegación (20.094), la Ley 27.418 y la Ley 27.419, que regulan la actividad marítima nacional y las condiciones laborales de los tripulantes. Según explicó Sturzenegger en su cuenta oficial de X (ex Twitter), el decreto forma parte de una “reformulación profunda” del transporte, en línea con los cambios previos aplicados en los sectores terrestre y aéreo.
“No necesitamos aclarar que la reforma del transporte es un paso clave para bajar el costo argentino”, enfatizó el ministro, que también advirtió que operar un buque de bandera argentina sigue siendo hasta cuatro veces más costoso que en países vecinos.
En primer lugar, el decreto declara “servicio esencial” a la navegación marítima y fluvial destinada al transporte comercial de personas, mercaderías y servicios conexos. Esta declaración permite limitar la capacidad de huelga en el sector, encuadrando a los gremios en un régimen más restrictivo que impida paralizaciones prolongadas.
Uno de los cambios más relevantes es que se permitirá matricular en Argentina a buques extranjeros, como barcazas paraguayas, para que operen como si fueran embarcaciones nacionales. Estas naves deberán contar con dotación argentina o de extranjeros residentes —según el Artículo 143 de la Ley de Navegación, que exige un 75% de tripulantes locales—, pero el contrato laboral se regirá por las leyes del país de origen de la nave, lo que implica menores cargas laborales en muchos casos.
Además, los operadores locales podrán operar bajo bandera extranjera, utilizando el régimen de “cese de bandera”. Esto habilita a las empresas nacionales a inscribir temporalmente sus buques en registros navales más flexibles y contratar personal bajo condiciones más competitivas, también regidas por normas extranjeras.
Otro cambio de alto impacto es la eliminación de la exigencia de aval sindical para conformar las tripulaciones. Según Sturzenegger, esta medida elimina prácticas extorsivas como la exigencia de subir tripulantes no necesarios. A partir de ahora, será el armador quien determine libremente la dotación, con el único requisito de respetar la dotación mínima de seguridad establecida por la Prefectura Naval Argentina (PNA).
El decreto también amplía de 30 a 60 días el plazo por el cual los buques internacionales pueden operar tráfico de cabotaje dentro del país. Esto aumentará la disponibilidad de transporte marítimo en rutas nacionales, lo que podría derivar en tarifas más competitivas.
Finalmente, se agiliza el trámite para la inscripción y baja de buques en la matrícula nacional, y se eliminan restricciones para la operación de talleres navales, facilitando las reparaciones y evitando monopolios sectoriales. “Eliminamos sendos cotos de caza que sabemos abundan en el país”, disparó el ministro.
Esta batería de medidas se enmarca en los últimos 48 días de vigencia de las facultades delegadas que el Congreso otorgó al Ejecutivo mediante la Ley Bases, aprobada a mediados de 2024. Sturzenegger ya anticipó que esas facultades no serán renovadas, por lo que su ministerio trabaja contra reloj para implementar la mayor cantidad de reformas posibles antes del vencimiento.
“Siempre la idea fue no renovarlas, para que mi equipo estuviera consciente del tiempo que teníamos. Ya lo hemos usado como ningún gobierno de la democracia”, señaló el funcionario en diálogo con Bloomberg Línea.
Sturzenegger agregó que en las próximas semanas se publicarán más decretos con foco en la “reformulación del Estado”, lo que incluirá fusiones, cierres y centralización de organismos descentralizados. “Van a ser días bastante interesantes”, adelantó.
El ministro fue contundente al analizar el deterioro del cabotaje nacional. “Por los gobiernos kirchneristas, 20 años después quedaban menos de 20 buques en tráfico de cabotaje”, dijo, recordando que muchas de esas embarcaciones estaban destinadas únicamente al transporte de petróleo desde la Patagonia. Según denunció, en el río Paraná las barcazas paraguayas terminaron dominando el tráfico por la maraña regulatoria y las restricciones del Estado argentino.
También señaló como ejemplo el caso de Tierra del Fuego, cuyas mercaderías, paradójicamente, viajan al continente en camión y no en barco, encareciendo la logística. Durante el conflicto por los beneficios fiscales a la industria fueguina, Sturzenegger ya había comparado a la provincia austral con Nueva Zelanda, apuntando a una transformación de su modelo productivo.
El decreto fue el resultado de más de seis meses de trabajo, coordinado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, cuyo director ejecutivo, Iñaki Arreseygor, impulsó el proyecto junto a su equipo, incluyendo a Cristian Rigueiro. Desde el Ministerio de Desregulación, Héctor Huici, Maximiliano Fariña e Iván Verdún estuvieron a cargo de la ejecución normativa.
También colaboraron José Rolandi y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, “experto en derecho de navegación”, según Sturzenegger. Por último, agradeció a la secretaria Legal y Técnica María Ibarzabal, así como a Paula Taddei e Ignacio de la Riva, por sus aportes legales.
“Un país sin cabotaje competitivo no es viable y algo tenía que cambiar”, concluyó el ministro, en una frase que resume el espíritu de la norma y del modelo libertario que impulsa el Gobierno.
