Soja: ROSARIO
$315.000 0.00%
Maíz: ROSARIO
$213.000 0.47%
Trigo: ROSARIO
$228.500 0.79%
Por Agroempresario.com
La prórroga del esquema de retenciones reducidas para el trigo y la cebada hasta el 31 de marzo de 2026 fue celebrada por una parte del sector agropecuario. Sin embargo, la decisión del Gobierno de Javier Milei de restablecer, a partir del 1° de julio, las alícuotas plenas para el resto de los cultivos genera preocupación y un nuevo debate: el aumento de la presión fiscal y sus consecuencias en la comercialización de granos.
La soja, actualmente gravada con un 26%, volverá a tributar el 33%. El maíz y el sorgo, que pagan hoy 9,5%, pasarán a un 12%, y el girasol, del 5,5% al 7%. Estos porcentajes son los mismos que regían en enero pasado, antes de la reducción transitoria implementada por el equipo económico. Según cálculos de analistas privados, esta vuelta al esquema original implicaría ingresos fiscales extra por entre US$900 millones y US$1000 millones, en función del volumen de mercadería aún sin comercializar.
La medida tiene como telón de fondo una necesidad urgente del Tesoro de mejorar la recaudación sin aumentar impuestos ni emitir. Así lo plantearon desde el Ministerio de Economía que lidera Luis Caputo. De acuerdo con Lorena D’Angelo, analista de mercados de AZ Group, este retorno a las retenciones plenas aportará al Estado unos US$910 millones, de los cuales un abrumador 85% provendría del complejo sojero.
D’Angelo detalló que todavía quedan sin vender unas 34,5 millones de toneladas de soja y 35,7 millones de maíz. Sin embargo, advirtió que no todos esos volúmenes ingresarán al circuito comercial antes del 30 de junio. De hecho, si se toma como parámetro el ritmo habitual de liquidación previo a una suba de impuestos, se estima que solo se venderían unas 5 millones de toneladas de soja y 3,5 millones de maíz.
“El productor no quiere vender con la retención en aumento. Al contrario, la expectativa de que suba hace que postergue ventas. Muchos me dicen que después del primero de julio directamente no van a vender más soja”, afirmó la analista.
Gustavo López, consultor de Agritrend, coincidió con esta visión y estimó que si no se suman nuevas Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), la recaudación podría llegar incluso a los US$1040 millones. No obstante, advirtió que el precio internacional será clave para definir el comportamiento del mercado interno.
“El maíz hoy cotiza a US$188, pero en julio bajaría a US$178 con la entrada de la cosecha brasileña. Con las retenciones encima, el precio neto podría bajar aún más”, explicó. En el caso de la soja, el panorama no es más alentador: “Aunque podría subir a US$285 en julio, si vuelve el 33% de retención, el productor pierde US$28 por tonelada”.
El productor y exsecretario de Agricultura Néstor Roulet presentó un informe que cuantifica el impacto económico negativo que tendrá el nuevo esquema de retenciones para el agro. Según sus cálculos, el cambio representará una pérdida total de US$970 millones: US$825 millones por la soja y US$145 millones por el maíz. En contrapartida, el trigo —que mantiene la retención del 9,5%— aportará un beneficio fiscal de apenas US$100 millones.
Roulet sostuvo que con 33 millones de toneladas de soja y 30,5 millones de maíz aún sin vender, la medida se traduce en una transferencia neta de US$870 millones del sector privado al Estado. “Cuando uno esperaba que las retenciones desaparecieran, nos encontramos con un nuevo aumento, incumpliendo la promesa electoral del presidente Milei de eliminarlas apenas asumió”, criticó.
La decisión de subir las retenciones pone en tensión al Gobierno con una parte clave de su base de apoyo: el campo. Mientras el Ejecutivo busca equilibrio fiscal, los productores reclaman previsibilidad y respeto a los compromisos asumidos.
Desde las entidades rurales y los analistas de mercado coinciden en que la medida podría desacelerar aún más las ventas y complicar la entrada de divisas. A menos que el mercado internacional compense con precios significativamente mayores, el escenario se encamina a una menor liquidez y un aumento del malestar en el interior productivo.
