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Por Agroempresario.com
Con la mirada puesta en diciembre de 2025, el presidente Javier Milei enfrenta un escenario político complejo donde el Congreso, los gobernadores y los mercados financieros desafían la solidez de su plan económico. El Ejecutivo nacional deposita su esperanza en el recambio legislativo para avanzar con reformas estructurales de segunda generación: una transformación profunda en materia laboral, previsional e impositiva. Sin embargo, el camino hasta esa instancia está cargado de obstáculos. Vetos, alianzas tácticas y una creciente tensión con las provincias marcan la agenda inmediata.
La estrategia del oficialismo es resistir con gobernabilidad hasta diciembre. “Estamos bien, pero estos meses serán largos”, reconocen en Casa Rosada. Con una cámara baja en ebullición y una oposición cada vez más articulada, las reformas que Javier Milei pretende llevar adelante quedan postergadas. En medio de esta espera, cualquier iniciativa que afecte el equilibrio fiscal será vetada, tal como anticipó el mandatario.
Durante la última sesión en Diputados, una mayoría heterogénea logró aprobar una suba del 7,2% para las jubilaciones, un bono extraordinario de $110.000 y la restitución de la moratoria previsional. Desde el oficialismo consideran que estas medidas van en contra del ancla fiscal que sostiene su programa económico.
La herramienta del veto presidencial se vuelve crucial. “En la sesión que trate el veto, nos van a apoyar”, afirma una fuente del oficialismo. Las señales son mixtas: gobernadores como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) o Martín Llaryora (Córdoba) han mostrado señales de independencia, pero también mantienen vínculos con el Ejecutivo.
Incluso figuras como Mauricio Macri, quien mantiene influencia sobre una parte del bloque PRO, respaldaron un eventual veto, tal como lo hicieron en 2024. “Por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de los jubilados, apoyo el veto del presidente Milei”, dijo entonces.
El mercado financiero local respondió con cautela a las últimas decisiones del Congreso. La Bolsa porteña tuvo caídas consecutivas, los bonos soberanos retrocedieron y el dólar oficial subió. Desde las redes libertarias se vincula esta reacción con la agenda parlamentaria. “Cada vez que el Congreso intenta destruir la disciplina fiscal de @JMilei, el mercado se tiñe de rojo”, señalaron voceros extraoficiales del Gobierno.
El vínculo con los mandatarios provinciales está atravesado por tensiones crecientes. El Consejo Federal de Inversiones reunió a 23 de los 24 gobernadores para reclamar medidas compensatorias ante la caída de la recaudación y la ausencia de obras públicas. El reclamo por fondos y rutas paralizadas no es nuevo, pero cobra fuerza frente a la necesidad de oxígeno financiero que tienen las provincias.
Desde Balcarce 50 apelan al pragmatismo: “La deuda de ellos está atada a la nuestra. Si nos va mal, les será imposible refinanciar”. El mensaje es claro: los destinos están entrelazados, y el juego de poder tiene consecuencias económicas directas.
El conflicto no es sólo fiscal. También se libra en el terreno político. Muchos gobernadores acusan a La Libertad Avanza de avanzar con armados territoriales en sus provincias. En Tucumán, por ejemplo, el ascenso de Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior, ha generado roces con el oficialismo local. Este fenómeno se replica en otras provincias, donde el libertarismo intenta consolidarse como alternativa.
El 8 de julio vence el plazo de las facultades delegadas, que permitieron al Ejecutivo avanzar con desregulaciones y anuncios sin intervención legislativa. Sin ese poder, el Gobierno deberá afinar su estrategia comunicacional. Una herramienta que continuará será el “refriteo” de anuncios: desdoblar en etapas una misma medida para sostener la narrativa.
Ejemplo de ello fue la llamada “reforma de los dólares del colchón”, presentada en partes a lo largo de varias semanas. Esta táctica, además de mantener presencia en la agenda mediática, permite dosificar el impacto de los anuncios en la opinión pública.
La cuenta regresiva electoral comenzará en agosto, cuando cierren las listas de candidatos nacionales. Las elecciones en la provincia de Buenos Aires, con Cristina Kirchner como figura gravitante, se perfilan como uno de los grandes desafíos para el oficialismo. En ese contexto, la construcción de alianzas será vital para el Gobierno.
La libertad de acción de los bloques aliados será menor conforme se acerquen las elecciones. El pragmatismo que podría facilitar los vetos hoy, podría diluirse mañana si las encuestas no acompañan a los oficialistas provinciales.
Javier Milei transita una etapa política marcada por la resistencia táctica. Sin mayoría en el Congreso y con un frente provincial fragmentado, su única certeza es el veto. Pero ni siquiera esa herramienta tiene respaldo automático. Los gobernadores y bloques opositores ya demostraron que pueden alinear intereses en contra de la Casa Rosada.
La expectativa está puesta en diciembre. Si el oficialismo mejora su representación parlamentaria, podrá avanzar con las reformas profundas que impulsa. Si no lo logra, el modelo de gobierno basado en el ajuste y la concentración de decisiones comenzará a mostrar signos de desgaste estructural.
En ese escenario, las provincias y sus demandas jugarán un rol decisivo. Como advierten en el propio oficialismo, “mientras mejor le vaya al Gobierno, más fácil será para las provincias financiarse”. Pero si la economía no da señales concretas de recuperación, esa promesa será difícil de sostener.
