El Gobierno acelera en el Congreso el proyecto para blanquear los “dólares del colchón”

Por Agroempresario.com 

En medio de un escenario político convulsionado tras la confirmación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno nacional se prepara para acelerar en el Congreso el tratamiento de un proyecto clave: la incorporación formal de los llamados “dólares del colchón” al sistema financiero argentino. La iniciativa apunta a captar divisas no declaradas en manos de ahorristas, ofreciendo garantías fiscales y penales que impulsen el blanqueo voluntario.

Con un fuerte empuje del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y del ministro del Interior, Guillermo Francos, el oficialismo busca que la semana próxima se inicie el debate parlamentario, aun con la incertidumbre que genera la postura del bloque de Unión por la Patria (UP), dividido tras el fallo judicial contra la expresidenta.

La propuesta fue presentada formalmente a principios de mes por el titular de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (ARCA), Juan Pazo, junto al diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert. Entre los puntos destacados del proyecto se encuentran la reducción del período de prescripción del delito de evasión fiscal a tres años y la limitación del poder del organismo recaudador para iniciar acciones penales. A cambio, se prevé un aumento de las multas para quienes no adhieran al esquema o cometan nuevas infracciones.

El corazón de la iniciativa es la promesa de no persecución fiscal a quienes decidan ingresar sus dólares al circuito formal. Además, se introduce una reforma que protege de manera permanente a los contribuyentes que adhieran al régimen simplificado de Ganancias, blindándolos de eventuales revisiones futuras. “Queremos garantizar seguridad jurídica y previsibilidad. No más sustos por decisiones arbitrarias de gobiernos que vienen después”, sostuvo Juan Pazo durante la presentación.

Para que el debate avance, el Ejecutivo necesita reunir a las comisiones de Presupuesto y Hacienda (presidida por Espert), Legislación Penal (a cargo de Laura Rodríguez Machado) y Legislación General (liderada por Santiago Santurio). Aunque la intención es clara —“que se trate lo antes posible”, según una fuente legislativa—, los feriados de lunes y viernes dificultan el armado de quórum, ya que varios legisladores planean viajar a sus provincias.

En paralelo, Guillermo Francos sigue negociando con los gobernadores provinciales para sumar apoyos al régimen fiscal. Aunque algunos mandatarios ya se alinearon con la Casa Rosada, otros mantienen su distancia, con el caso emblemático de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Crítico desde el inicio, Kicillof confirmó su desacuerdo con la iniciativa, aunque no descartó participar de una próxima reunión en la Casa Rosada que, por ahora, no tiene fecha definida tras su postergación.

El jefe de Gabinete busca un consenso que garantice no solo la aprobación del proyecto, sino también su aplicación efectiva en las provincias, que son las que deben colaborar en su implementación y, eventualmente, en la fiscalización. En ese marco, los gobernadores se preparan para plantear sus propias demandas tributarias, entre ellas, la necesidad de redefinir la distribución de la coparticipación federal.

El trasfondo político es inevitable. La ratificación de la condena a CFK reordenó las filas del peronismo, que en muchos casos opta por cerrar filas frente al oficialismo. En este clima, se complejiza la obtención de los votos necesarios para avanzar con el proyecto. En este sentido, Martín Menem y José Luis Espert trabajan a contrarreloj para sumar voluntades, apelando incluso a legisladores independientes o de partidos provinciales.

Rodríguez Machado, una aliada cercana a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, también juega un rol clave en la articulación parlamentaria. Desde su comisión, deberá conducir un debate cargado de tensiones, especialmente en lo que refiere a las modificaciones de tipo penal que propone el texto legal. Entre ellas, la exclusión del delito de evasión como causa para iniciar una acción penal autónoma, siempre y cuando se hayan regularizado los fondos previamente.

El Ejecutivo apuesta a que este blanqueo tenga un impacto inmediato en las reservas del Banco Central, debilitadas por años de fuga y desconfianza en la moneda local. No es la primera vez que se intenta una medida de estas características, pero el Gobierno asegura que esta vez hay un compromiso político más amplio y herramientas técnicas más sólidas.

Aun así, el éxito del plan depende de múltiples factores: el apoyo parlamentario, el acompañamiento de las provincias, la percepción de los ahorristas y, sobre todo, un contexto macroeconómico que ofrezca señales de estabilidad. Por ahora, la incertidumbre política generada por la situación judicial de CFK y el calendario electoral que se avecina pone un manto de duda sobre la viabilidad de la iniciativa.

En tanto, desde sectores del empresariado y la agroindustria —principales tenedores de divisas no bancarizadas— observan con atención los pasos del Congreso. Algunos ya anticiparon que, de aprobarse el proyecto, evaluarían ingresar sus dólares siempre que se mantenga la garantía de no persecución y una tasa impositiva razonable.

Con las miradas puestas en la Cámara de Diputados y las negociaciones en pleno desarrollo, el Gobierno juega una carta crucial en su intento de recuperar divisas y, al mismo tiempo, enviar una señal de orden institucional al mercado.