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Por Agroempresario.com
La reciente preocupación expresada por Jorge Errecalde, presidente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, reavivó el debate sobre los riesgos regulatorios que enfrenta la Argentina si se flexibilizan los controles de productos veterinarios. A días de la posible firma de una resolución complementaria por parte del Senasa —que regularía la importación de productos veterinarios sin reevaluación local—, crecen las voces que advierten sobre las consecuencias que esto podría tener para la salud animal, la salud pública y las exportaciones agroindustriales del país.
Las resoluciones 333/25 y 338/25 del Senasa, actualmente en el centro del debate, establecen un sistema de equivalencias para el registro de productos veterinarios que permitiría su ingreso al país sin la necesaria validación técnica nacional. Para muchos expertos, entre ellos Errecalde, esta medida sería un retroceso regulatorio con implicaciones sanitarias, económicas y reputacionales difíciles de revertir.
El sistema de registro de productos veterinarios cumple una función clave: asegurar la eficacia, seguridad e inocuidad de medicamentos y biológicos utilizados en animales. Su debilitamiento podría traducirse en el ingreso de productos ineficaces o inseguros, que además de fallar terapéuticamente, podrían generar residuos peligrosos en alimentos de origen animal o contribuir al aumento de la resistencia antimicrobiana y antiparasitaria.
Entre los posibles efectos negativos que derivarían de aprobar productos sin reevaluación técnica local, los especialistas mencionan:
Además, aceptar límites máximos de residuos (LMR) definidos por otras agencias regulatorias —como la FDA en Estados Unidos o la EMA en Europa— sin adaptación local, implica riesgos concretos. “Los países establecen sus propios LMR basados en especies, tejidos, metodologías analíticas y factores de seguridad específicos”, explican desde la comunidad técnico-científica. “Usar sin revisión esos límites en Argentina puede violar nuestras propias normas de inocuidad y generar rechazos comerciales”.
Argentina es uno de los principales exportadores mundiales de carnes y productos de origen animal. Para conservar y ampliar sus mercados, debe cumplir con protocolos internacionales estrictos de control sanitario y trazabilidad. La adopción de criterios externos sin evaluación nacional no sólo pone en jaque esa condición, sino que puede derivar en sanciones o restricciones por parte de socios comerciales.
La Unión Europea, por ejemplo, mantiene criterios muy rigurosos sobre los residuos permitidos en productos importados. Si un lote de carne argentina contiene niveles de residuos no reconocidos por las autoridades europeas, podría ser rechazado y generar un conflicto comercial. Lo mismo aplica para otros mercados exigentes como Japón o Estados Unidos.
“Una medida equivocada puede costar años de trabajo y afectar a miles de productores que dependen de esas exportaciones”, advierte Errecalde.
Desde el propio Senasa, técnicos de laboratorios y de las áreas de Sanidad Animal habrían manifestado preocupación por la dirección que podrían tomar las nuevas resoluciones. “Esos profesionales conocen los riesgos y tienen décadas de experiencia. Deberían ser escuchados antes de tomar decisiones con impacto sanitario y económico de largo plazo”, señalan fuentes del sector.
Asimismo, advierten sobre un posible mal asesoramiento de algunas áreas del Gobierno. Entidades como el INTA o el INASE han sido cuestionadas por emitir recomendaciones que no consideran los aspectos regulatorios y sanitarios en su totalidad. “No se trata solo de abrir mercados o facilitar el ingreso de productos. Hay una cuestión de salud pública y de defensa del sistema productivo argentino que debe ser prioritaria”, coinciden distintas voces expertas.
El llamado a la prudencia es unánime entre los especialistas en sanidad animal. Las resoluciones en discusión pueden tener consecuencias a largo plazo difíciles de revertir. Por eso, insisten en la necesidad de una revisión técnica exhaustiva, basada en evidencia científica y en línea con los estándares internacionales.
“El registro por equivalencia no debe ser sinónimo de laxitud. Tiene que haber una validación técnica real, adaptada a nuestras condiciones productivas, sanitarias y regulatorias”, concluyen.
El país no puede darse el lujo de comprometer sus logros sanitarios ni su posición exportadora por decisiones apresuradas. Lo que está en juego es la salud de los animales, de las personas, y la credibilidad de una institución clave como el Senasa.
