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Por Agroempresario.com
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sigue apostando por su ambicioso plan fiscal a pesar del rechazo legislativo que enfrentó esta semana. Con la presión del déficit fiscal y las limitaciones presupuestarias, el gobierno federal redobla su esfuerzo para persuadir al Congreso y consolidar una estrategia basada en la eliminación de exenciones impositivas y suba de impuestos, sin introducir nuevas medidas por ahora.
El revés más reciente provino de la Cámara de Diputados, que votó a favor de revocar un decreto que incrementaba el impuesto sobre operaciones financieras (IOF). Esta resolución significó un golpe para el paquete de medidas económicas diseñado por el equipo del ministro de Hacienda, Fernando Haddad, cuyo objetivo es reforzar los ingresos públicos y cumplir con la meta de eliminar el déficit fiscal primario en 2025.
El decreto formaba parte de un paquete que proyecta recaudar 50.000 millones de reales (USD 9.100 millones) en dos años, mediante la suba de impuestos y la eliminación de incentivos fiscales. Estos beneficios tributarios, según fuentes del gobierno, le cuestan al país aproximadamente 800.000 millones de reales anuales, lo que limita considerablemente el margen para inversión pública y nuevos programas sociales.
Lejos de rendirse ante la presión legislativa, el gobierno de Lula da Silva busca ganar tiempo y sostener el diálogo con los líderes parlamentarios. Según funcionarios con conocimiento del proceso, no se contemplan nuevas medidas fiscales inmediatas, sino que se trabajará en convencer al Congreso sobre la racionalidad del plan actual, presentando la eliminación de exenciones como una medida que ya responde a las demandas de control del gasto estructural.
En ese contexto, el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, quien inicialmente había respaldado el paquete fiscal, se comprometió a no avanzar con una votación definitiva contra el decreto. Esta postura abre una ventana de negociación para que el Ejecutivo explique con mayor profundidad los fundamentos técnicos y fiscales del ajuste propuesto.
Uno de los principales focos de tensión política gira en torno a la liberación de fondos parlamentarios —las llamadas “enmiendas”—, esenciales para financiar proyectos en las provincias de los diputados. Según fuentes oficiales, destrabar estos recursos podría ser clave para fortalecer el respaldo político al plan fiscal de Lula.
La resistencia legislativa también motivó algunos cambios en la propuesta original. Fernando Haddad, tras conversaciones con líderes del Congreso, optó por presentar una versión simplificada del decreto que aumentaba el IOF. Además, se introdujo una nueva medida que eleva los impuestos sobre las rentas de inversión y otros tributos.
La modificación fue una respuesta directa a las señales de inquietud que mostró el mercado financiero, ante temores de un posible control de flujos de capital o nuevas restricciones al movimiento de fondos. El gobierno busca evitar esa percepción, reforzando la idea de que el ajuste está centrado en corregir distorsiones y aumentar la eficiencia del sistema impositivo.
Pese a las turbulencias, el equipo económico mantiene como prioridad alcanzar el equilibrio fiscal en 2025, sin recurrir a un ajuste recesivo ni comprometer las inversiones sociales que forman parte central de la agenda de Lula.
