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Por Agroempresario.com
La problemática ambiental y sanitaria que genera el basural a cielo abierto de Luján, ubicado en la provincia de Buenos Aires, se encuentra en un nuevo capítulo decisivo. El Gobierno nacional, a través de la Subsecretaría de Ambiente, a cargo de Fernando Brom, presentó una propuesta técnica y legal renovada para cerrar definitivamente el vertedero más grande y antiguo del país, tras años de reclamos vecinales, judiciales y múltiples intentos fallidos. Este plan busca dar cumplimiento a las ordenanzas judiciales, superar las falencias del proyecto anterior financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y aportar una solución sustentable y eficiente para la comunidad y el ambiente.
El basural de Luján lleva más de cuatro décadas recibiendo residuos sólidos urbanos sin ningún tipo de tratamiento ni control ambiental adecuado. Con una extensión que supera las 13,6 hectáreas, el vertedero ha sido fuente constante de contaminación de napas, suelos y aire, afectando la salud de los habitantes y de la escuela ubicada en sus inmediaciones. El problema no solo es ambiental sino también social, con denuncias judiciales, amparos y causas penales que exigen el cierre definitivo del basural y la implementación de soluciones concretas y efectivas.
En 2021, la Justicia Federal dictó una orden clara: la Municipalidad de Luján debe cesar el depósito de residuos en el basural y trasladar las 3.600 toneladas diarias generadas en el municipio al Centro de Gestión Ambiental CEAMSE, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, según denuncias vecinales y documentos judiciales, la Intendencia solo envía una fracción, alrededor de 150 toneladas, incumpliendo la resolución y prolongando la contaminación.
La propuesta presentada por la Subsecretaría de Ambiente, liderada por Fernando Brom, fue formalmente entregada al intendente de Luján, Leonardo Boto, y representa un giro importante respecto al plan original que no logró ser ejecutado en tiempo y forma, y que fue cuestionado por la justicia y los vecinos.
Puntos centrales del nuevo proyecto:
El plan inicial, financiado con 15 millones de dólares del BID, contemplaba la construcción de un relleno sanitario en el mismo predio del basural. Sin embargo, el proyecto nunca se concretó y la Justicia Federal declaró que dicha solución era inviable técnica y ambientalmente, además de perjudicial para los vecinos. El expediente judicial reflejó la falta de avances y el incumplimiento de aspectos fundamentales para el cierre definitivo.
Viviana Novelle, abogada ambientalista y firmante del amparo contra el proyecto previo, manifestó a este medio que “el proyecto anterior era inviable y perjudicial para los vecinos”, pero destacó la voluntad del Gobierno nacional y la Subsecretaría de Ambiente para avanzar con una propuesta viable, que incluye también la generación de trabajo para recuperadores urbanos mediante la planta de transferencia.
El vertedero de Luján es objeto de una causa penal federal por contaminación ambiental. Pericias recientes realizadas en abril de 2025 confirmaron niveles críticos de sustancias tóxicas como amoniaco, benceno y cobre, que superan los límites legales y representan un grave riesgo para la salud humana. Se detectaron residuos peligrosos clasificados según la Ley 24.051, cuyos efectos pueden persistir por décadas, causando leucemia, daños neurológicos y enfermedades respiratorias en la población afectada.
El fiscal Carlos Alberto Stagnaro solicitó en tres oportunidades la indagatoria del intendente Leandro Boto y funcionarios municipales, pero el juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, rechazó esas solicitudes, asumiendo la investigación personalmente.
El basural afecta a miles de vecinos, especialmente a familias y a la escuela lindante, que sufren las consecuencias de la contaminación constante. El documento oficial reconoce el incumplimiento reiterado de la Intendencia en cuanto al control del volcado de residuos, incluyendo la falta de inspección sobre el ingreso ilegal de desechos peligrosos.
En la declaración testimonial del comisario inspector Alberto Raúl Candia, exjefe de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, se señala la ausencia total de control en el predio, lo que contribuye a la prolongación del daño ambiental.
El documento remitido por la Subsecretaría de Ambiente insta a la Municipalidad a aceptar la propuesta y abrir una mesa de negociación técnica y administrativa para definir plazos, obras y responsabilidades. Además, se deberá tramitar una nueva Declaración de Impacto Ambiental acorde al nuevo diseño del proyecto.
El cierre técnico del basural y la puesta en marcha de la Estación de Transferencia representan un desafío logístico y político, que requerirá coordinación entre los niveles municipal, provincial y nacional. El Gobierno nacional busca, a través de esta iniciativa, cumplir con la orden judicial y revertir décadas de contaminación y abandono.
