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Por Agroempresario.com
El Congreso de Brasil dio un duro revés al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva al anular por amplia mayoría el decreto que aumentaba los impuestos a las transacciones financieras internacionales, una medida clave para cumplir con las metas fiscales sin afectar el gasto social. La decisión legislativa genera un escenario complejo para las finanzas públicas del país y abre el debate sobre el equilibrio entre recaudación y protección social.
En mayo pasado, el presidente Lula firmó tres decretos para incrementar el Impuesto sobre Operaciones Financieras (IOF), que incluían aumentos en los impuestos aplicados a compras con tarjetas en el extranjero, envío de remesas y créditos empresariales. Estas medidas formaban parte de una estrategia para elevar la recaudación y sostener el gasto público sin recortes en programas sociales esenciales.
Sin embargo, tanto la Cámara de Diputados como el Senado votaron consecutivamente para anular estos decretos. La iniciativa fue promovida principalmente por el Partido Liberal (PL), fuerza política del expresidente Jair Bolsonaro, que argumentó que la suba del IOF impactaría negativamente en la inflación y la clase media.
Lindbergh Farias, diputado y líder del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara, lamentó la decisión y advirtió que "la derogación del decreto significará automáticamente una restricción de los programas sociales perjudicando a los más pobres". Desde el PT, se enfatiza que la estrategia fiscal buscaba cumplir con la regla de gasto público sin afectar los derechos de los sectores más vulnerables.
Por otro lado, el diputado Luciano Zucco, autor del proyecto para anular el decreto, expresó que “Lula busca cumplir la regla fiscal sin renunciar a su obsesión por el aumento descontrolado de los gastos públicos”. El PL y otros partidos opositores criticaron la medida como un intento del Ejecutivo de recaudar fondos a expensas de la economía familiar y empresarial.
La regla fiscal vigente en Brasil limita el crecimiento del gasto público hasta el fin del mandato presidencial actual, en 2026. En ese marco, el gobierno buscaba recaudar aproximadamente 12.000 millones de reales (unos 2.100 millones de dólares) con el aumento del IOF para equilibrar las cuentas públicas.
El Ejecutivo intentó flexibilizar parcialmente los decretos tras la reacción negativa en el mercado y el rechazo parlamentario, pero mantuvo algunas disposiciones clave con el fin de sostener el presupuesto. Aun así, la anulación parlamentaria evidencia la dificultad del gobierno para implementar medidas tributarias sin afectar a la ciudadanía y al aparato productivo.
La economía brasileña enfrenta tensiones crecientes: la inflación interanual llegó al 5,32% en mayo y el real alcanzó a comienzos de año su valor más bajo frente al dólar en meses. Aunque la moneda se recuperó parcialmente, persiste la incertidumbre sobre la estabilidad fiscal y la capacidad del gobierno para cumplir sus metas sin recortes sociales.
La decisión del Congreso dificulta la ejecución del plan fiscal del gobierno para el próximo año y genera dudas sobre cómo se financiarán los programas sociales. El PT denuncia que, sin este incremento impositivo, habrá recortes en áreas sensibles y un impacto directo en los sectores más vulnerables. Lindbergh Farias adelantó que el gobierno deberá buscar alternativas para "hacer que los ricos paguen la cuenta" sin sacrificar a los trabajadores y los pobres.
Mientras tanto, la oposición, liderada por el Partido Liberal, sostiene que el gasto público debe controlarse de forma más rigurosa y que el Ejecutivo ha sido "incompetente" y enfocado exclusivamente en aumentar impuestos. Sóstenes Cavalcante, diputado del PL, calificó la gestión como “una preocupación por recaudar y nada más”.
Este choque político y económico ocurre en un contexto donde Brasil se prepara para las elecciones presidenciales de 2026 y donde la estabilidad fiscal es un tema clave para la confianza de los inversores y el desarrollo del país.
