El agro argentino destina el 63,6% de su renta a impuestos y reduce ganancias del productor

Por Agroempresario.com

El último Índice FADA de junio de 2025 pone en evidencia una realidad preocupante para el agro argentino: el 63,6% de la renta generada por la producción agrícola queda en manos del Estado a través de impuestos, dejando al productor con apenas un 9,8% de ganancia neta. Este dato refleja un aumento en la presión fiscal respecto a marzo y se da en un contexto de caída de precios internacionales y suba de costos, que juntos complican la rentabilidad del sector.

La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) actualizó su informe trimestral, una referencia clave desde hace 18 años para medir la incidencia del sistema tributario en la producción agropecuaria. Según explican los especialistas, después de descontar costos esenciales como semillas, fertilizantes, salarios, fletes y seguros, la renta que queda se distribuye entre el pago de alquiler de la tierra, las ganancias del productor y los impuestos. En esta ecuación, el Estado se lleva la mayor parte.

La economista jefe de FADA, Nicolle Pisani Claro, detalló que “el 63,6% de la renta agrícola se destina a impuestos, mientras que el alquiler de la tierra representa un 26,6% y la ganancia del productor apenas un 9,8%”. Esta proporción incrementó respecto al trimestre anterior, debido principalmente a la baja en los precios internacionales de los granos y la persistencia de la carga impositiva.

Un factor determinante para esta situación es la caída de precios internacionales, especialmente en cultivos clave como el trigo. Antonella Semadeni, economista de FADA, señaló que “los precios del trigo en junio están un 20% por debajo del promedio de los últimos cinco años y un 28% menos que hace un año”. Esta caída, combinada con un precio local de aproximadamente US$ 200 por tonelada, lejos del umbral necesario para mejorar resultados (US$ 220), genera una mayor presión fiscal proporcional sobre la renta del productor. Para el trigo, el índice impositivo subió al 78,2%, lo que indica que casi ocho de cada diez pesos de renta quedan para el Estado.

Además de la baja en los precios, la carga tributaria varía notablemente según el cultivo. En soja, el Estado absorbe el 65,9% de la renta, en girasol el 63,2% y en maíz el 53,4%. Estas diferencias también se observan a nivel provincial. Entre Ríos encabeza el ranking con un índice del 69,1%, mientras que Santa Fe presenta la menor presión fiscal con un 58,6%. Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y San Luis registran valores intermedios, aunque en todos los casos la presión tributaria supera el 50% de la renta.

Otro punto que destaca el informe es la composición de los impuestos que afectan a una hectárea agrícola. El 63,8% corresponde a impuestos nacionales no coparticipables, lo que significa que esos fondos no retornan a las provincias productoras. Un 28,4% son impuestos nacionales coparticipables, un 6,8% tributos provinciales y apenas un 1% tasas municipales. Esta estructura ha generado reclamos entre los productores, quienes denuncian que gran parte de sus aportes no se traduce en obras ni mejoras en infraestructura rural.

Nicolle Pisani Claro explicó que “cada provincia tiene realidades distintas en cuanto a rindes, estructura de costos e impuestos locales, lo que explica las variaciones en la presión fiscal”. Por ejemplo, provincias como Córdoba y Santa Fe eximen a la actividad agropecuaria del impuesto sobre Ingresos Brutos, mientras que Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa sí lo aplican, incrementando la carga tributaria en estas regiones.

Los expertos de FADA advierten que esta presión fiscal no solo reduce la ganancia del productor, sino que limita la inversión en tecnología, innovación y el crecimiento del sector. La reducción en los márgenes de rentabilidad genera incertidumbre y desalienta la adopción de mejoras productivas que son clave para la competitividad internacional del agro argentino.

El informe de junio 2025 subraya la necesidad de encontrar un equilibrio que permita al Estado cumplir sus objetivos fiscales sin asfixiar la capacidad del campo para ser un motor económico fundamental. “El desafío es lograr un esquema tributario que sostenga la producción y favorezca la inversión, sin perder de vista las necesidades fiscales del país”, concluyen desde FADA.