Soja: ROSARIO
$321.000 0.00%
Maíz: ROSARIO
$201.800 0.40%
Trigo: ROSARIO
$236.100 -0.17%
Por Agroempresario.com
El Gobierno argentino oficializó el aumento de los Derechos de Exportación (DEX) para los cultivos de soja, maíz, girasol y sorgo, medida que entrará en vigor el próximo 1° de julio. A través del decreto 439/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, se confirmó que el complejo sojero volverá a tributar un 33% y el maíz un 12%, tras haberse beneficiado de una rebaja temporal durante los últimos cinco meses.
La disposición llega en un contexto delicado para el agro, con cosechas aún en curso y en plena cuenta regresiva para la Exposición Rural de Palermo, uno de los eventos más relevantes para el campo argentino. Pese al descontento de entidades como Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Coninagro, que advirtieron sobre los efectos negativos de la medida, el Ejecutivo resolvió mantener el esquema reducido de retenciones sólo para el trigo y la cebada, con una alícuota del 9,5% hasta marzo de 2026.
El decreto también introduce una nueva exigencia para mantener dicho beneficio: los exportadores deberán liquidar al menos el 90% de las divisas en un plazo de 30 días hábiles desde la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). De no hacerlo, perderán el acceso a la tasa preferencial y tributarán la alícuota general del cultivo correspondiente.
Según lo detallado por el Ministerio de Economía, la prórroga del beneficio para trigo y cebada obedece a la necesidad de sostener la competitividad exportadora de ambos cultivos, cuya campaña 2025/2026 está en plena ejecución. A diferencia de los granos de verano como soja y maíz, cuya cosecha está avanzada, los cultivos invernales requieren incentivos para completar su ciclo con márgenes positivos.
En cambio, el maíz volverá a tributar el 12%, desde el 9,5% vigente, y el girasol pasará del 5,5% al 7%. En cuanto al sorgo, también retornará al 12%. La harina de trigo, otro producto clave del agroindustrial argentino, continuará con un DEX del 5,5%.
Esta decisión, estratégica en términos de recaudación, está alineada con los objetivos macroeconómicos del Gobierno: consolidar el superávit fiscal, reforzar las reservas del Banco Central y normalizar el flujo de divisas. No obstante, el agro —que representa una porción significativa del ingreso de dólares al país— ve con preocupación la falta de reglas estables a largo plazo.
Las principales entidades del campo no tardaron en expresar su rechazo. CRA manifestó su “preocupación ante la continuidad de los derechos de exportación”, y alertó sobre el impacto negativo en la producción, las inversiones y la competitividad global del sector.
En sintonía, Coninagro señaló que la finalización del beneficio genera “incertidumbre y desigualdad”, y subrayó que muchos procesos productivos aún no están concluidos al 30 de junio, fecha límite antes de la vigencia del nuevo esquema. La entidad reclamó previsibilidad y sostenibilidad en la política tributaria.
Los reclamos se fundamentan también en la dinámica actual del mercado. Según datos oficiales, desde la entrada en vigencia del decreto 38/2025, el 27 de enero, se anotaron en DJVE más de 15,8 millones de toneladas de subproductos de soja, 6,5 millones de toneladas de poroto de soja, 3,8 millones de toneladas de aceite de soja y 17,9 millones de toneladas de maíz. Estas operaciones generaron un ingreso de divisas estimado en 5.000 millones de dólares en apenas dos semanas.
Desde el punto de vista técnico, la decisión llega en un momento sensible. De acuerdo con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, al cierre de junio se sembró el 72,7% del área proyectada para trigo (6,7 millones de hectáreas), mientras que la cebada alcanzó el 50,8% de las 1,3 millones estimadas. En tanto, la Bolsa de Comercio de Rosario proyecta 7,1 millones de hectáreas para trigo, aunque redujo 100.000 hectáreas respecto a su estimación anterior por exceso de lluvias.
Las exportaciones conjuntas de trigo y cebada generan aproximadamente 4.000 millones de dólares anuales, y son vitales para muchas economías regionales del centro y sur de la provincia de Buenos Aires. En este contexto, sostener el incentivo resulta clave para no frenar la dinámica exportadora.
Por otro lado, la cosecha de maíz aún no concluyó. Se estima que el 45% del área todavía no fue recolectada, lo que implica que una porción significativa de la producción quedará alcanzada por el nuevo esquema de retenciones. Esto podría frenar las decisiones de venta y afectar el flujo de caja de los productores.
La publicación del decreto no fue casual: su oficialización se produjo apenas días antes del inicio de la Exposición Rural de Palermo, que abrirá sus puertas el 3 de julio. El evento suele contar con una fuerte presencia política y gremial, y se espera que el presidente Milei participe de la inauguración oficial. La posibilidad de que el mandatario haga anuncios o exponga su postura frente a los reclamos del sector mantiene en vilo a productores y dirigentes rurales.
Mientras tanto, desde el Ministerio de Economía remarcan que las decisiones adoptadas no son un castigo al agro, sino una forma de “ordenar las cuentas públicas sin renunciar a la competitividad exportadora de los cultivos invernales”. No obstante, el contraste entre los cultivos beneficiados y los que pierden el alivio fiscal genera tensiones en el interior de la cadena agroindustrial.
Varios analistas advierten que la suba de las retenciones podría desalentar la comercialización en el corto plazo. También podría impactar en las decisiones de siembra para la próxima campaña, especialmente en zonas marginales donde los márgenes ya son estrechos.
Por ahora, el Gobierno apuesta a que la mejora en otras variables macroeconómicas —como inflación a la baja, reducción del riesgo país y acceso a crédito internacional— compensen el efecto negativo de la medida en el agro. Pero el tiempo dirá si esa apuesta se traduce en resultados concretos o en una nueva ronda de conflictos con el campo.
