Por Agroempresario.com
La tensión entre el Gobierno nacional y las provincias atraviesa su punto más álgido desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Luego de que los 24 gobernadores —sin distinción de color político— se alinearan en un acuerdo sin precedentes para impulsar un proyecto legislativo común en el Congreso, la Casa Rosada se prepara para presentar una contraoferta que evite una fractura institucional de proporciones. El objetivo: calmar las aguas con propuestas concretas en materia de coparticipación, transferencias automáticas y distribución de recursos fiduciarios.
La avanzada de los gobernadores se gestó durante semanas de tensiones crecientes con el Ejecutivo, pero tomó forma concreta tras la reunión realizada en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires formalizaron su decisión de impulsar un proyecto de ley conjunto. El texto propone una redistribución de fondos mediante la coparticipación del impuesto a los combustibles, la eliminación de la discrecionalidad en el uso de fondos fiduciarios y el fortalecimiento del Aporte del Tesoro Nacional (ATN).
El plan fue leído en la Casa Rosada como una amenaza directa a su hoja de ruta económica. En consecuencia, y pese a los desacuerdos ideológicos y discursivos, el Gobierno aceleró el diseño de una propuesta alternativa para evitar que los legisladores provinciales impongan una mayoría propia en ambas cámaras del Congreso.
Según fuentes oficiales, esta contraoferta será discutida formalmente este martes, cuando los ministros de Economía de las provincias vuelvan a reunirse con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el viceministro del Interior, Lisandro Catalán, nuevamente en el marco del CFI.
¿Qué propone el Gobierno?
Aunque no trascendieron detalles específicos, trascendió que la oferta incluirá la posibilidad de canalizar parte de los fondos extintos del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) hacia obras estratégicas en las provincias, especialmente rutas nacionales. La idea sería garantizar un flujo más estable de recursos, aunque sin modificar el esquema de coparticipación.
Sin embargo, la oferta inicial —presentada formalmente la semana pasada— fue considerada “insuficiente” por los mandatarios provinciales. En consecuencia, el Ejecutivo optó por ganar tiempo y reformular la propuesta con mayores garantías de cumplimiento y más precisión técnica. “Se está preparando algo que pueda convencer, pero todavía no hay certezas”, señaló un funcionario de Economía a este medio.
Un Congreso en ebullición
Mientras tanto, en paralelo al diálogo institucional, los gobernadores no han frenado sus contactos con legisladores nacionales. El último viernes se concretó una reunión por Zoom entre senadores de diferentes bloques —Unión por la Patria, UCR, PRO y otros espacios— y mandatarios provinciales. La señal fue clara: existe un consenso amplio para avanzar legislativamente, y el oficialismo podría quedar aislado si no logra negociar.
Para el Gobierno, este escenario resulta doblemente riesgoso. No sólo se perdería el control de una parte sensible del esquema fiscal, sino que se consolidaba una mayoría transversal capaz de desafiar su poder político. “La oposición olió sangre”, reconocen en despachos cercanos al presidente Javier Milei.
Declaraciones que encienden el conflicto
El propio Milei echó leña al fuego durante un acto libertario realizado en Puerto Madero, donde calificó a las provincias como “la última trinchera de la casta”. La frase no cayó nada bien entre los mandatarios, incluyendo a aquellos que han sido aliados del oficialismo. La respuesta fue inmediata: mayor coordinación entre provincias y un aceleramiento del proyecto de ley.
Desde la oposición, interpretan que el momento actual podría derivar en un punto de inflexión en la dinámica de poder. “Estamos ante una coalición federal de hecho, que actúa como contrapeso a la centralidad presidencial”, sostuvo un legislador del norte argentino.
Impacto económico y político
En términos económicos, el Gobierno teme que un conflicto prolongado con las provincias termine afectando las expectativas de los mercados. El último informe de GMA Capital advierte que el riesgo país se mantiene estancado en torno a los 700 puntos, mientras que el spread argentino refleja dudas persistentes sobre la dinámica de reservas y el programa fiscal.
“Evitar incertidumbre institucional es clave para que el mercado acepte menores retornos en la deuda soberana”, subraya el análisis de la consultora. Desde el punto de vista político, un buen desempeño electoral podría generar oxígeno, pero para ello el Gobierno necesita mantener la calma y mostrar capacidad de gestión.
Gobernadores: pragmatismo y advertencias
Aunque la postura de los 24 distritos fue unánime, hay matices. Varios gobernadores que han tenido vínculos cooperativos con la Casa Rosada todavía esperan una propuesta satisfactoria antes de avanzar con la iniciativa legislativa. “Algunos de los reclamos son razonables y hay que acordar de alguna manera”, admiten desde el oficialismo.
No obstante, los opositores más duros desconfían. “La palabra del Gobierno está devaluada”, señalan desde una provincia del centro del país. La sensación es que si no hay gestos concretos esta semana, el proyecto podría ser ingresado al Congreso en los próximos días.
Expectativas por la reunión del martes
Todo indica que el encuentro del martes será determinante. Guberman, uno de los funcionarios más técnicos y dialoguistas del equipo económico, deberá presentar una oferta que combine viabilidad fiscal con impacto real en los territorios provinciales. Si lo logra, podría desactivar una bomba política. Si fracasa, el Gobierno enfrentará su mayor desafío institucional desde que asumió el poder.
El comunicado oficial que se espera tras la reunión servirá para clarificar el estado de situación. Mientras tanto, en la arena política nacional, se avecina una semana cargada de tensiones y definiciones.
