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Por Agroempresario.com
Con el respaldo de la recientemente aprobada Ley Bases, el Gobierno de Javier Milei comenzó a acelerar el proceso de privatización ferroviaria, centrado en empresas clave como Belgrano Cargas y Logística (BCYL) y Operadora Ferroviaria Sociedad Anónima (SOFSA), más conocida como Trenes Argentinos. El objetivo: reducir el peso del Estado, atraer inversión privada, generar ingresos en dólares y optimizar el sistema de transporte ferroviario, hoy en estado crítico.
El plan contempla la concesión de infraestructura, la venta de material rodante y una reducción significativa del personal estatal, en el marco de una estrategia orientada a reordenar los activos públicos, aumentar la eficiencia y descomprimir las cuentas fiscales.
Uno de los focos prioritarios del plan es BCYL, operador de más de 7.600 km de vías en 17 provincias. El Gobierno decidió avanzar con una desintegración vertical: los activos serán separados por unidad de negocio y concesionados a operadores privados, mientras que las vías y terrenos quedarán bajo control del Estado Nacional.
La estrategia está a cargo de Diego Chaer, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía. Según detallaron fuentes oficiales, la infraestructura ferroviaria será licitada bajo un modelo de acceso abierto, es decir, quien administre las vías deberá permitir el uso por parte de cualquier operador habilitado.
En paralelo, los talleres ferroviarios también se ofrecerán en concesión y el material rodante —locomotoras y vagones— será subastado públicamente, permitiendo la participación de empresas tanto locales como extranjeras.
El remate del material rodante no solo busca modernizar el parque ferroviario, sino también generar recursos frescos. Los fondos obtenidos se canalizarán a través de un fideicomiso exclusivo para obras ferroviarias, orientado a mejoras de infraestructura y seguridad operativa.
El Gobierno estima que esta reconfiguración no solo dinamizará el transporte de granos y productos mineros, sino que también se transformará en una fuente relevante de dólares genuinos, en línea con el objetivo de alcanzar superávit fiscal sin recurrir a la emisión.
La propuesta ya despertó interés en empresas multinacionales y del sector agroindustrial. Entre ellas, se mencionan a Río Tinto, Cargill, Cofco y Bunge, todas con operaciones logísticas que se beneficiarían de un esquema ferroviario más eficiente, moderno y competitivo.
El sistema ferroviario, largamente postergado, podría convertirse en un vector de desarrollo clave para la producción agrícola del Norte Grande, al reducir costos logísticos y mejorar la conectividad entre regiones productivas y puertos de exportación.
Uno de los puntos más sensibles del plan es el impacto sobre el empleo público. De acuerdo con documentos internos, el Gobierno planea reducir en 1.900 empleados la plantilla de SOFSA durante el proceso de privatización.
Desde el inicio de la gestión Milei ya salieron 2.300 trabajadores por retiros voluntarios, jubilaciones y desvinculaciones asociadas al cierre de servicios no rentables. El nuevo ajuste busca profundizar esa política en áreas consideradas redundantes o ineficientes.
Trenes Argentinos opera líneas urbanas como Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín y Belgrano Sur, además de servicios de larga distancia. La reconfiguración podría implicar también el cierre de talleres, reducción de frecuencias y eventual eliminación de servicios regionales que actualmente no tienen demanda significativa.
Aunque el enfoque central es económico, el Ejecutivo se comprometió a considerar el impacto social de cada decisión. El jefe de Gabinete Guillermo Francos explicó en el Senado que los pliegos licitatorios incluirán obligaciones para los concesionarios en materia de mantenimiento, estándares de servicio y reinversión en infraestructura.
En los casos de cierres o clausuras, se realizarán estudios sociales y urbanísticos para evaluar cómo minimizar efectos negativos en las comunidades afectadas. Sin embargo, voceros del oficialismo aclararon que no está contemplada una reactivación inmediata de tramos hoy fuera de servicio, ya que eso excede el objetivo actual del plan.
La privatización ferroviaria forma parte de un paquete más amplio que incluye ocho empresas estatales: Enarsa, Nucleoeléctrica, YCRT, Intercargo, AySA, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Corredores Viales.
En simultáneo, el Gobierno prevé avanzar con la licitación de las represas del Comahue, con una expectativa de ingresos por USD 500 millones, y la activación de un plan para reforzar el sistema de alta tensión eléctrica, con inversiones proyectadas por más de USD 6.000 millones.
Estas medidas buscan consolidar un nuevo paradigma en la relación entre el Estado y el capital privado, priorizando la eficiencia económica, la reducción del déficit y la llegada de inversiones que contribuyan al crecimiento sostenido del país.
El proyecto de privatización del sistema ferroviario marca un cambio estructural en el modelo de transporte argentino. Tras décadas de desinversión y fragmentación, la nueva administración apuesta por una reconversión profunda que involucra a actores privados, pone en juego activos estratégicos y exige una reingeniería de servicios, dotaciones y contratos.
Si bien el impacto a corto plazo generará tensiones —en especial en términos laborales y tarifarios—, desde el Gobierno aseguran que la mejora en calidad, competitividad y conectividad logística será clave para potenciar al sector agroindustrial, reducir costos estructurales y atraer divisas genuinas a una economía que aún lucha por salir de la recesión.
El éxito del plan dependerá en gran medida de la transparencia de los procesos licitatorios, la capacidad de fiscalización del Estado y la voluntad política de sostener la transformación más allá de los costos iniciales.
