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Por Agroempresario.com
Desde el 1° de julio de 2025, entró en vigencia un nuevo aumento en los impuestos aplicados al gasoil, principal insumo del transporte terrestre en Argentina. La medida, establecida por el Decreto 441/2025 publicado en el Boletín Oficial, contempla subas tanto en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) como en el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), lo que genera un impacto directo en la logística, la agroindustria y el abastecimiento urbano.
En detalle, el decreto fija una suba de $5,346 por litro en el ICL y $0,609 en el IDC para todo el territorio nacional. Además, para zonas con regímenes impositivos especiales como la Patagonia, el sur de Mendoza y el Partido de Patagones, se aplicará un incremento adicional de $2,895 por litro, afectando aún más a las operaciones logísticas en regiones alejadas.
Si bien el ajuste comenzará a regir en julio, el decreto también establece que desde el 1° de agosto de 2025 se sumarán los incrementos impositivos correspondientes al segundo, tercer y cuarto trimestre de 2024, así como al primer trimestre de 2025, que aún estaban pendientes. Esta medida profundiza el impacto acumulado del esquema de subas escalonadas iniciado el año anterior.
Los analistas del sector advierten que esta serie de aumentos consecutivos en el precio del gasoil comprometer la competitividad del transporte terrestre, especialmente en un contexto de inflación persistente y desaceleración económica.
Para el sector del transporte de cargas, esta actualización representa un incremento sustancial en los costos operativos. El gasoil es uno de los principales componentes del gasto logístico, afectando tanto a las empresas con flotas propias como a los transportistas independientes, que ya enfrentan márgenes reducidos.
El aumento impacta en toda la cadena de abastecimiento, desde el traslado de materias primas para la industria y el agro hasta la distribución de productos terminados en grandes centros urbanos. Las empresas logísticas anticipan ajustes tarifarios inminentes, mientras que las pymes del rubro podrían enfrentar dificultades para mantenerse operativas sin trasladar el costo al cliente.
Además, en un escenario global donde los costos de los fletes internacionales continúan en niveles altos por la tensión geopolítica y los cuellos de botella en los puertos, la eficiencia interna del transporte argentino se vuelve crítica para mantener la competitividad.
Entre los sectores más afectados por la suba se encuentra el agroindustrial. Durante julio y agosto, se concentra gran parte de la logística post cosecha gruesa, donde miles de camiones movilizan granos hacia los puertos exportadores y reparten insumos como fertilizantes y agroquímicos en las regiones productivas.
El nuevo esquema de aumentos eleva de forma inmediata el costo del transporte de cargas agrícolas, lo que podría erosionar los márgenes de rentabilidad de los productores, sobre todo en economías regionales con menor escala y capacidad de absorción de subas.
Las entidades rurales y cámaras vinculadas al agro advierten que esta medida llega en un momento sensible, donde el clima, los insumos dolarizados y los impuestos ya representan un combo de alta presión sobre la actividad.
Si bien la Patagonia y otras zonas cuentan con un régimen impositivo diferenciado para el combustible, el aumento específico de $2,895 por litro impuesto por el decreto a estas regiones genera un nuevo desafío logístico. En áreas donde las distancias son mayores, la infraestructura limitada y la conectividad más costosa, la suba tendrá un efecto multiplicador.
Esto no solo encarece el transporte de bienes, sino también los servicios esenciales que dependen del abastecimiento regular, como alimentos, medicamentos y productos industriales.
El traslado de estos costos al consumidor final parece inevitable en muchos sectores. Desde supermercados hasta industrias manufactureras, se anticipan aumentos de precios vinculados directamente al encarecimiento del transporte.
El consumo masivo, que ya muestra signos de retracción, podría verse más afectado por esta variable, afectando la demanda y generando tensiones adicionales en una economía que aún busca estabilización.
El Decreto 441/2025 se suma a un contexto donde las empresas logísticas ya operan con márgenes reducidos y una necesidad constante de reducir ineficiencias. La escalada de los impuestos al gasoil refuerza la urgencia de modernizar el sector, apostando por tecnología, optimización de rutas, mantenimiento de flotas y consumo eficiente de combustibles.
Sin embargo, en el corto plazo, la prioridad será recalcular estructuras de costos y redefinir estrategias para continuar operando sin perder competitividad frente a actores más grandes o internacionales.
Mientras algunos sectores comienzan a pedir revisión del esquema impositivo al combustible, otros exploran alternativas logísticas, como el uso de combustibles alternativos, el ferrocarril o incluso alianzas estratégicas para compartir costos.
En cualquier caso, el impacto de esta medida será profundo, transversal y de efecto inmediato. La logística argentina, eslabón clave para la producción, el comercio y el consumo, deberá adaptarse rápidamente a un nuevo escenario de costos crecientes y condiciones operativas más desafiantes.
