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Por Agroempresario.com
Un reciente informe económico reveló que La Rioja llevó adelante en 2024 una de las reducciones de gasto público más significativas del país, superando incluso al ajuste nacional ejecutado por el Gobierno de Javier Milei. Lo destacable: lo hizo sin despidos, sin cierres de programas sociales y con aumentos salariales que superaron la inflación.
Según datos de la consultora Empiria, difundidos por el portal Cenital y analizados por el sitio especializado Economía Riojana, La Rioja recortó su gasto público en un 27% en términos reales, ubicándose como la segunda provincia con mayor ajuste, solo por detrás de San Luis (41%). Esta cifra casi duplica el promedio nacional, que fue del 15%.
A diferencia del Gobierno nacional, que implementó recortes profundos con impacto directo en el empleo público, las transferencias sociales y la estructura del Estado, el ajuste riojano se hizo bajo un enfoque diferente. “Nosotros bajamos el gasto sin tener que echar a nadie ni bajando sueldos. Al contrario, en 2024 hubo aumentos y quedamos por encima de la inflación”, afirmaron fuentes del Gobierno provincial citadas por Economía Riojana.
Durante el mismo periodo, el gobernador Ricardo Quintela otorgó subas salariales de hasta el 160%, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los empleados públicos. Esta estrategia permitió que los haberes provinciales superaran ampliamente el índice inflacionario acumulado, sin comprometer la estabilidad fiscal.
El informe de Empiria, que toma en cuenta la evolución del gasto ajustado por inflación, muestra que es posible lograr un equilibrio fiscal sin recurrir al recorte de derechos ni al achicamiento del Estado. La experiencia riojana contrasta con las medidas adoptadas a nivel nacional, como despidos masivos, reducción de programas sociales, y la parálisis de obras públicas.
A pesar de este esfuerzo, La Rioja enfrenta un contexto económico complejo. El gobierno provincial denuncia una retención indebida de fondos por parte de la Nación, lo que agrava la situación financiera local. En este marco, se percibe una estrategia de presión política desde el Ejecutivo nacional hacia las provincias que no acompañan su agenda.
