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Por Agroempresario.com
En un contexto de crisis fiscal y con el objetivo explícito de reducir el gasto público, el Gobierno nacional oficializó una serie de reformas estructurales que involucran el cierre, absorción y transformación de decenas de organismos del Estado. Las áreas más impactadas son las carteras de transporte y agricultura, cuya reestructuración permitirá un ahorro anual estimado de $570.500 millones, una cifra que representa una porción significativa del total proyectado por todas las reformas: USD 2.000 millones.
Uno de los recortes más significativos fue el cierre de Vialidad Nacional, que por sí solo generará un ahorro de $440.000 millones anuales. Esta medida se complementa con la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cuyo presupuesto ascendía a $16.000 millones, y la reconversión de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, orientada a tareas de fiscalización, control y sanción de concesiones viales y ferroviarias.
Otra de las modificaciones relevantes fue el cambio en la Junta de Seguridad en el Transporte, ahora limitada y transformada en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, reduciendo sus competencias a un único sector.
En conjunto, estas modificaciones en transporte ahorrarán unos $488.000 millones anuales. La decisión se tomó ante el vencimiento de las facultades delegadas otorgadas por el Congreso a través de la Ley Bases, que expiran este mes.
En el área agrícola, la reorganización incluyó la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE), que fue reducido a una dirección dentro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, lo que generó un ahorro de $1.000 millones anuales.
Más significativa fue la reconversión del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en una unidad organizativa, recorte que representa $1.500 millones. Desde el Gobierno, argumentan que el organismo imponía "cargas burocráticas" y “exceso de reglamentarismo” que desincentivan la innovación y dificultan la operatividad de bodegueros y productores.
“Consultamos a muchos bodegueros y todos, sin excepción, marcaron el excesivo reglamentarismo del organismo que imponía costos y dificultades para innovar”, señaló Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) fue reconfigurado como organismo desconcentrado, con un ahorro proyectado de $80.000 millones. Según detalló Sturzenegger, el INTA contaba con:
Además, su presupuesto alcanzaba los $224.000 millones, con ingresos asignados por $411.000 millones, provenientes de contribuciones y tasas. Esto representa el 47,5% de lo recaudado por retenciones al maíz.
“El tamaño del INTA era desproporcionado y sus recursos no se correspondían con su impacto real”, expresó Sturzenegger.
El portavoz presidencial Manuel Adorni explicó que la evaluación de cada organismo se realizó con criterios de “eficiencia y racionalidad”. Solo se mantuvieron aquellas funciones consideradas esenciales para la administración pública.
“Su permanencia no se justificaba ni desde el punto de vista del gasto ni del servicio efectivo a la ciudadanía”, sostuvo Adorni.
Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado aseguraron que solo el 5% de las medidas aplicadas requirió las facultades delegadas del Congreso. El resto se implementó a través de resoluciones o decretos ejecutivos.
La ofensiva incluye más de 100 medidas que abarcan múltiples sectores. Solo por citar algunos casos relevantes:
Otro eje importante de esta transformación es la autorización para la privatización de varias empresas estatales, entre ellas:
Se suman reformas a la Gendarmería, Prefectura, Servicio Penitenciario Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con el fin de consolidar su rol como fuerzas de seguridad federales y modernizar su marco legal.
Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras que sectores empresariales celebraron la “modernización del Estado”, referentes de la oposición y gremios estatales advirtieron sobre la “destrucción del aparato público”.
Desde el oficialismo sostienen que las decisiones responden a una lógica de “Estado presente, pero no omnipresente”, eliminando estructuras duplicadas o inactivas, y priorizando resultados.
Este proceso de reingeniería estatal no está concluido. Desde el Ejecutivo aseguran que se avanza en una segunda etapa que contempla nuevas fusiones, privatizaciones y disoluciones, alineadas con los principios del Plan de Desregulación Integral liderado por Sturzenegger y respaldado por el presidente Javier Milei.
Los objetivos son:
En definitiva, el ajuste estructural del Estado argentino avanza con intensidad, generando un profundo debate político, económico y social. Lo que para unos es una transformación necesaria, para otros representa un riesgo institucional y social de alto impacto.
